Su historia no es un hecho aislado. Un análisis del Observatorio de Nacidos Vivos del Ministerio de Salud (Minsa) muestra que el Estado registra los nacimientos de niñas convivientes como si se tratara de cualquier otro nacimiento. Detrás de estas figuras hay niñas que, como Rosa, han perdido su infancia en medio del silencio y la desprotección.
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Entre 2012 y 2025, el Minsa registró más de 4.000 nacimientos de niñas convivientes en todo el país, incluidas menores de 12 años. En promedio, 260 niñas se convierten en madres cada año mientras viven con una pareja, que en varios casos es mayor que ellas. Los mayores registros se concentran en Lima Metropolitana (1.734 casos), La Libertad (335) y Loreto (295).
Leyes que no son suficientes
Este problema alcanzó su punto más crítico durante la pandemia: en 2020 se registraron 357 nacimientos de niñas en unión libre, y en 2021 la cifra aumentó a 366. Aunque las cifras han disminuido desde entonces, el patrón se mantiene estable y revela una realidad persistente y normalizada.
Si bien en el Perú existe una ley que prohíbe el matrimonio infantil, esta ley no contempla la convivencia con menores de edad. Este vacío legal permite que relaciones de evidente desigualdad sean socialmente toleradas. El agresor ya no es denunciado y es reconocido como “pareja”, mientras el Estado continúa registrando nacimientos sin activar mecanismos de protección.
Desde el Minsa explican que los sistemas de registro agrupan los nacimientos por edad y no por estado civil. “Desde el punto de vista obstétrico se prioriza el embarazo y el parto, no el tipo de relación de la madre”, señalaron consultadas. Sin embargo, aclaran que cuando una menor de 14 años queda embarazada, el hecho “se considera producto de violencia sexual” y debe ser notificado a las autoridades competentes. El ministerio también menciona la existencia de normas como el Código Violeta, que busca coordinar la atención de casos de violencia sexual entre los servicios de salud y el Ministerio de la Mujer.
Formas de violencia
Para Melissa Bustamante, oficial de proyectos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las uniones tempranas y los matrimonios infantiles son “formas de violencia de género y prácticas nocivas que afectan los derechos humanos de niñas y adolescentes”. Explica que estas situaciones aumentan la vulnerabilidad a la violencia sexual y la deserción escolar. “Una niña embarazada que deja la escuela ve truncado su proyecto de vida y queda atrapada en el ciclo de la pobreza”, advierte.
Bustamante agrega que la clave es prevenir y transformar las normas sociales que legitiman la violencia, especialmente en comunidades donde la convivencia se presenta como una “solución” al embarazo. El UNFPA trabaja con gobiernos regionales y locales para promover ordenanzas y planes de acción que reconozcan los matrimonios precoces como una forma de violencia y garanticen espacios seguros y educativos para las niñas.
Mientras tanto, los nacimientos de niñas convivientes siguen apareciendo en las estadísticas del Minsa sin pie de página o sin alerta. Son sólo números en una base de datos que no distingue la infancia interrumpida detrás de cada registro. Rosa, como muchos otros, no aparece en los informes ni en las políticas públicas del Estado. Sólo aparece en una línea estadística que la llama “madre conviviente, 12 años”.
