Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron a la cita para explicar el controvertido aumento de Dina Boluarte.
Él Presidente del Consejo del Consejo, Eduardo Aranay Ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez ReyesNo asistieron a una cita en ParlamentarioYa que tuvieron que apoyar un aumento salarial Presidenta Dina Boluarte, Recientemente aprobado por la Directiva Suprema. Se estimó que el Parlamento era a las 10:30, pero ambos ejecutivos brillaron por su ausencia, que produjeron incomodidad y nuevas dudas en el Parlamento.
Ambos ministros enviaron transacciones que justifican su ausencia, aunque sin proporcionar información sobre Razón en el fondo. En la cita, se intentó explicar los criterios técnicos y legales para el surgimiento del presidente de los salarios, en un contexto caracterizado por la insatisfacción de los ciudadanos contra las medidas y las críticas constantes de la gestión del gobierno. Según los poderes legislativos, la Comisión ahora estima organizar la apariencia e incluso devolverlos, por segunda vez o por grado o poder, si es necesario.
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Ni asistió a Guillermo Valdivieso, Secretario General del SERV, otros caracteres clave en el análisis del soporte técnico de la medida. Su ausencia, como los ministros, fue anunciada por el comercio, aunque no se ofrecieron explicaciones importantes al Parlamento. Su participación se consideró necesaria para explicar los informes que el fallo había pedido.
El silencio persistente de la Comisión antes de las preguntas públicas se ha interpretado como una falta de voluntad de transparente el proceso. Desde el salario presidencial se hizo formalmente, no ha sido claro ningún defensor claro, lo que explica la decisión, lo que ha aumentado la percepción de la desconexión del gobierno y las prioridades del país.
La presidenta Dina Boluarte pasó de ganar S/16,000 en S/35,568 por mes, quien pone al siguiente mejor presidente refinado en América del Sur. Por otro lado, el contexto nacional continúa caracterizado por restricciones al presupuesto de salud, educación y servicios básicos, lo que fortalece las críticas contra una decisión que muchos consideran la deshonestidad. La falta de respuestas en el Parlamento solo ha aumentado las sospechas y la presión política para que la Comisión pague facturas sin excepción.
