«Dado que no respondes, voy a ser claro contigo … eres que tú se malinterpretan mi trabajo en Huaraz. Uno más y mueres». El mensaje recibido por la periodista Gudelia Gálvez Tafur, directora del medio Huaraznoticias.com, a su WhatsApp el viernes 4 de julio fue directo: si continúa investigando la supuesta corrupción en las obras públicas, la matarán o intentarán contra sus padres. Desde el miércoles de la semana pasada, él había sido blanco de llamadas incesantes y amenazas para hacer su trabajo, pero cuando llegó al depinci, no aceptaron su queja por no ser un «hecho consumado».
En aquellos días, el ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, denunció criminalmente a los periodistas Mónica Delta, Juan Subauste, Carlos Hidalgo, al camarógrafo Jorge Ramírez y la compañía de televisión latina para un presunto «ajuste» para el informe titulado «Quién hace Santiváñz en Palacio». Una semana antes, el 22 de junio, el periodista Roberto Cabeza Morales, director de los medios de comunicación anteriores a Perú News, fue intervenido por diez oficiales de policía en una supuesta represalia por su trabajo informativo. Lo interceptaron en Huaral y lo llevaron por la fuerza a Huacho para realizar una dosis de etilo que salió negativo.
Boletín buenos días
A pesar de haber sido censurado por el Congreso, Santiváñez mantiene un papel clave en el Ejecutivo y ahora busca llevar a los cortejar a quienes investigan sus vínculos de poder. Los gremios alertan que es una nueva maniobra criminalizar el ejercicio periodístico y un grave ataque contra la libertad de prensa.
Estos tres casos ocurridos en los últimos días muestran el creciente acoso del ejercicio periodístico en Perú. Según la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP), solo la primera mitad del año ha registrado al menos 150 ataques contra periodistas y medios de comunicación, incluidos los asesinatos de los periodistas Gastón Medina, en ICA, y Raúl Celis, en Iquitos.
«Estamos indignados de que, aunque en este país han asesinado a dos comunicadores sociales en este 2025, no podemos entender que la policía no quieredijo Zuliana Lainez, presidenta de la ANP para Comercio.
Después de la queja pública de Gálvez Tafur, la Oficina del Fiscal de los Derechos Humanos abrió una investigación para el caso.
Para Lainez, este caso reciente muestra el asedio sobre el trabajo de prensa, que tiene como una de sus principales manifestaciones de acoso judicial. El ANP tiene un registro que indica que entre 30 y 35 periodistas se llevan a cabo cada año. «El 80% son absueltos, pero tienen que comer un proceso de cuatro años», agregó.
Acoso de las altas potencias del estado
En este contexto, Lainez advierte que la denuncia penal de un funcionario público como Santivañez se suma a varios intentos, de las autoridades, por criminalizar el periodismo. «El periodismo en este país está bajo asedio. El Sr. Santivañez es un alto funcionario del Palacio del Gobierno y confirma la tendencia de que los periodistas se intentan involucrar en otros tipos de delitos, que ya no son difamación, y que no tienen apoyo. Meses anteriores Alejandro Soto, cuando fue presidente del Congreso, también denunciado por el ajuste al director de la Cuarta Unidad de Investigación de Power. Parece que se ha convertido en un nuevo patrón utilizado por los enemigos de la libertad de prensa para tratar de acosar a los periodistas.«Añadió.
Con él coincide por el Director Ejecutivo del Concilio de la Press Peruvian (CPP), Rodrigo Salazar, quien advierte que los ataques suelen ser más agresivos frente a la pasividad de las autoridades. El 21 de junio, la vivienda del periodista Carlos AlarcónEn Yurimaguas (Loreto), fue disparado después de recibir amenazas para una investigación de corrupción que apunta a los concejales.
«El periodismo es más arriesgado cada semana. Dijo a este periódico
Para Salazar, el hecho de que los funcionarios de la relevancia de la presidenta Dina Boluarte o el ex ministro Santivañez agregan diariamente la prensa «envalentina» a otros que buscan paralizar las investigaciones.
A esto hay mensajes constantes de altas autoridades que estigmatizan el trabajo informativo. «Esto proviene del presidente de la República, quien dice que sus investigaciones son el terrorismo de la imagen. También de los funcionarios de los gobiernos regionales y locales, de las autoridades que hablan de chantaje, pero usan un idioma que no individualiza la responsabilidad y, por el contrario, generalizan la búsqueda de estigmatización, que se acompaña de campañas de acoso judicial, en redes e incluso con computadoras portátiles «, dice Laínez.
En los asesinatos de los periodistas Medina y Celis, que ocurrieron en enero y mayo de este año, respectivamente, el presidente de la ANP indicó que el proceso más avanzado es el primero porque ya está en la etapa preparatoria y hay un presunto asesino a sueldo con nueve meses en detención preventiva. Gastón Medina, propietaria y directora de Cadena Sur TV, fue asesinado a tiros frente a su casa en ICA. Tenía una posición crítica contra los recientes esfuerzos en el gobierno regional de ICA.
El periodista Raúl Celis fue asesinado a tiros en la ciudad de Iquitos. Foto: ANP
«The process for the murder of Raúl Celis in Iquitos progresses more because initially the case had been assumed by a criminal prosecutor. Our demand as press organizations is that there is a directive to be attended immediately by a Human Rights Prosecutor’s Office, which are more prepared to attend in such crimes in which the professional track has to be privileged», Lainez agregó.
Raúl Celis López, de 70 años, conducía una noticia de la mañana en Radio Karibeña. Fue asesinado a tiros en una calle en el centro de Iquitos cuando estaba a bordo de un taxi en motocicleta. Aunque algunos indicaron que podría haber sido un asalto, los delincuentes no robaron las pertenencias de la víctima.
