Por Ronin 360
Uno de los principales desafíos de la economía peruana en su camino hacia el desarrollo es elevar el nivel y la calidad de su infraestructura pública. En este contexto, las inversiones públicas desempeñan un papel importante a la hora de cerrar la brecha de infraestructura al financiar proyectos que el sector privado normalmente no emprendería.
El gasto en inversión pública en el Perú fue de 5,2% del PBI en 2024, la cifra más alta de los últimos 10 años y por encima de nuestros pares de la región, como Chile, Colombia, México e incluso países de la OCDE (ver Gráfico 1). Además, el 60% de esta inversión fue realizada por gobiernos subnacionales, equivalente a poco más del 3% del PIB.
A pesar de que se asignaron mayores recursos a la inversión pública, este gasto se realizó de manera ineficiente. Esto se refleja en obras que llevan años de retraso y generan sobrecostos, que nunca se terminan y que, incluso si se completan, casi no tienen impacto.
A todo lo anterior se suma que los proyectos de inversión pública son demasiado pequeños para producir un impacto significativo en la población.
La evidencia recopilada muestra la magnitud del problema. Según un estudio reciente del Banco Mundial, el número de proyectos paralizados y abandonados representa casi el 50% de todos los proyectos que comenzaron a implementarse a partir de 2012.
Estos proyectos paralizados y abandonados tienen un valor de S/179.000 millones o el 17,3% del PBI. Esto equivale a más de tres años de inversión pública.
Causas
Las causas de la baja eficiencia de las inversiones públicas son profundas, complejas y multidimensionales. Uno de ellos es la desconexión entre la programación plurianual de inversiones y el presupuesto público posterior al año en curso, lo que hace que los proyectos no tengan fondos garantizados para su finalización.
Además, el sistema de inversiones permite la introducción de nuevos proyectos, incluso si los que están en curso aún no se han completado, incluso después de la aprobación de la ley de presupuesto.
En este sentido, según datos del Banco Mundial, sólo la mitad de las inversiones públicas corresponden a los proyectos previstos en el presupuesto original aprobado por el Congreso. Esta alta improvisación también se observa al comparar el presupuesto inicial con el modificado (ver gráfico 2), siendo este último en promedio casi un 40% mayor que el primero, y el porcentaje se eleva a casi el 100% en el caso de los gobiernos subnacionales. Otros factores no menos importantes son la baja calidad de los expedientes técnicos.
El diseño de la descentralización es otro elemento que fomenta la atomización del gasto en montos cada vez menores.
El número de distritos en Perú es relativamente alto en comparación con otros países: 1 por cada 17.000, en comparación con Chile (54.000), Colombia (46.000) o México (52.000).
Además, existen incentivos para la creación de más distritos, como la posibilidad de recibir transferencias mínimas del fondo de compensación municipal (Foncomun). La atomización reduce la calidad de las obras públicas, porque es una función compleja que muchos municipios no están preparados para cumplir y, por el contrario, crea espacio para la corrupción y el clientelismo político.
Reforma de inversiones
Incrementar la eficiencia de la inversión pública requiere un rediseño de los sistemas administrativos, el proceso presupuestario y la descentralización, dijo Isaac Foinquinos, economista jefe de Ronin. Según explicó, detrás del actual estado de las inversiones se esconden intereses particulares y prácticas de clientelismo, resultado de un sistema político disfuncional y sin partidos, en el que el gobierno de turno utiliza los recursos de inversión como mecanismo para conseguir apoyo político.
Foinquinos advirtió que impulsar estas reformas requerirá de un esfuerzo importante que debe comenzar en el Ministerio de Economía. En este sentido, indicó que la entidad debe cambiar su enfoque de la lógica de «gastar más» a la lógica de «gastar bien», especialmente en el contexto donde las cuentas fiscales están presionadas por las medidas aprobadas por el Congreso.
Asimismo, afirmó que el MPF debe generar indicadores para el seguimiento de la calidad de las inversiones públicas que sean fáciles de comunicar y complementen los indicadores tradicionales de desempeño.
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