El acceso a las sanciones ya no será responsabilidad del Instituto Penitenciario Nacional (INPE). Esto fue anunciado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien señaló que el gobierno delegará esta función al sector privado, que se encargará de administrar y supervisar los accesos. Esta decisión llega poco después de la fuga de un prisionero de la prisión de Lurigancho en Lima.
Durante su intervención en el Congreso de Justicia y Derechos Humanos, el titular de la Minjusdh explicó que esta medida surge en respuesta a las fallas evidentes en el sistema penitenciario del país. Además, indicó que la implementación de esta privatización se basará en un decreto legislativo que data de hace más de diez años, que ya contemplaba la posibilidad de privatizar el acceso a las sanciones.
Arana aclaró que el sector privado inicialmente asumirá la administración de los centros penitenciarios que presentan mayores problemas y riesgos. «Comenzaremos con las sanciones más problemáticas y peligrosas, para que las empresas privadas puedan llevar un control eficiente«, añadió.
El ministro indicó que, en breve, su ministerio firmará un decreto de emergencia que establecerá un concurso con el objetivo de que el sector privado pueda brindar apoyo al estado en esta labor crítica.
“Evaluaremos esta situación, y próximamente aprobaremos el decreto de emergencia para facilitar la inversión privada, que tendrá la responsabilidad de supervisar las entradas y salidas de todas las celdas que estarán en el concurso,” dijo Araña.
El ministro también reafirmó que la gestión y el control de los internos dentro de las cárceles continuará bajo supervisión estatal, a través del Incipiente.
Es importante señalar que este anuncio coincide con la fuga de un prisionero de la cárcel de Lurigancho el 21 de abril, quien logró escapar tras escalar una de las paredes del recinto. Todo esto ha sido discutido en un informe de la Unidad de investigación de , que recuerda una decisión del Tribunal Constitucional de 2020, que ordenó que si en un lapso de cinco años no se implementaban medidas para corregir problemas como el hacinamiento, las cárceles debían ser cerradas. Este plazo expira en mayo próximo.
¿Por qué y en qué consistirá esta medida?
Tras su denuncia ante la Comisión de Justicia del Congreso, Eduardo Arana ofreció detalles sobre la inclusión de empresas privadas para manejar el control de los accesos a las sanciones. Aseguró que esta medida solo se llevará a cabo en los puntos de acceso, dado el déficit de personal y recursos en dichos lugares.
“La falta de agentes penitenciarios ha dificultado el ingreso de personas. No hay equipos de bodyscan ni de rayos X operativos para el control de maletas y alimentos, lo que pone en riesgo la seguridad. Si llegan a funcionar, lo hacen de manera ineficiente. Por esta razón, hemos decidido invitar al sector privado para colaborar en esta área específica,” explicó.
Araña enfatizó que la falta de equipo adecuado para un control efectivo en los accesos a las cárceles es una situación que se ha prolongado durante más de diez años. Reconoció que el Incipiente ya no tiene la capacidad para manejar estos puntos de control. «El INPE no puede continuar así y llevamos más de diez años sin bodyscan ni sistemas de rayos X en funcionamiento,» subrayó.
Por otro lado, Araña fue cuestionado por la falta de un director en el Incipiente tras la renuncia de Javier Llaque (a raíz de otro escape en Lurigancho), asegurando que esta situación no afectará la política, órdenes ni control penitenciarios.
Opinión de expertos: implicaciones futuras
Erika Solis, investigadora del equipo anti-corrupción de IDEHPUCP y experta en delitos, comentó a Comercio que la decisión de privatizar el acceso a las sanciones puede generar contradicciones legales y éticas, dado que la seguridad de las cárceles implica el uso de fuerza y el manejo de información confidencial. Solis observa que parece que el estado brinda una mirada punitiva en la gestión de cárceles , sin un enfoque en el cuidado y rehabilitación.
“Es cuestionable que esta labor quede en manos de un sector privado. No hay certeza de que estos estén capacitados para manejar dichas situaciones, ni se sabe cuál sería el respaldo en la aplicación de mecanismos de seguridad requeridos en cárceles con alta superpoblación. Más allá de eso, no hay evidencia concreta de que esta política haya funcionado en otros contextos. En Estados Unidos, donde se ha intentado privatizar diversos aspectos del sistema penitenciario, la situación de crisis en seguridad se ha mantenido e incluso empeorado,” advirtió.
Solis también comentó sobre los posibles escenarios en los que el privado no querría involucrarse en situaciones que implican el uso de fuerza; de ser necesario, tendrían que solicitar el apoyo policial, lo que plantea interrogantes sobre el rol de los funcionarios del sistema penitenciario, especialmente aquellos de seguridad, así como qué pasará con funciones como las investigaciones y solicitudes.
“Las violaciones pueden ocurrir de diversas maneras y lo más preocupante es que no habrá transparencia, dado que el privado tiende a no generar o reportar problemas, como se ha visto en otros países. En EE.UU., la privatización no ha cambiado la situación, y ha habido un aumento en la violencia institucional contra los prisioneros,” comentó.
Por otro lado, el experto Noam López, especializado en política pública de PUCP, desveló que la corrupción en los accesos a las sanciones es evidente, con casos en los tribunales que involucran a agentes penitenciarios permitiendo introducir equipos no autorizados como drogas y otros objetos prohibidos. Ante este panorama, López, dijo que realzar la privatización como solución parece ser una salida simplista que no necesariamente resolverá los problemas existentes.
“La dotación de tecnología en los puntos de acceso es algo que los privados pueden ofrecer, como sistemas biométricos o software de control de visitas, lo cual sería más eficiente que lo que actualmente tiene el Incipiente. Sin embargo, no se podría considerar la inclusión del sector privado en esta área como una solución ideal, ya que esto podría llevar a filtraciones de información confidencial,” concluyó.
Fallo del Tribunal Constitucional
Un informe de Comercio reveló que el 26 de mayo de 2020, el Tribunal Constitucional declaró que el hacinamiento en las cárceles es inconstitucional, y ordenó que si no se tomaban medidas para solucionar esta situación, los seis centros penitenciarios más superpoblados del país deberían ser cerrados. El fallo estableció un lapso de cinco años para su cumplimiento, el cual vence en mayo de este año.
“Se declaró que si, dentro de este periodo, que se extiende hasta 2025, no se toman medidas suficientes para mitigar estas condiciones inconstitucionales, la autoridad administrativa correspondiente deberá cerrar estos recintos, lo que podría incluir el cierre temporal para nuevos ingresos y la reubicación de internos entre diferentes cárceles, sin otras maniobras complementarias, dada la magnitud del hacinamiento,” dice el fallo.
Además, se impuso la responsabilidad a las instituciones públicas, comenzando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por omitir o no resolver esta problemática.
En declaraciones a la prensa, el ministro manifestó que la regla del TC sobre las sanciones también es clara. Además, argumentó que por factores externos, como la pandemia, el estado “no ha podido destinar recursos” para la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Solo en 2024, añadió Araña, su gestión ha incorporado al presupuesto público tres mil millones de soles para la edificación del próximo sanciones.
Control de comunicaciones externas
El ministro Araña anunció que la presidenta Dina Boluarte presentará un nuevo decreto legislativo el miércoles, que regule las obligaciones y sanciones administrativas para las empresas de telecomunicaciones en relación a las comunicaciones ilegales en las sanciones.
Este decreto establece que los operadores serán responsables de las señales electromagnéticas y, en consecuencia, se espera que no haya señal de telefonía externa a esos recintos.
«Los operadores de telefonía deberán asegurar que no haya señales electromagnéticas dentro de las sanciones y los centros juveniles,” afirmó Araña.
Además, indicó que en los próximos meses se activarán bloqueadores de señales en 33 sanciones, los cuales serán operados por una empresa privada, después de que el Incipiente plantee observaciones administrativas. Se prevé que el número de bloqueadores aumente de 17 a 26. “La empresa responsable se ha comprometido a actualizar el sistema para asegurar su correcto funcionamiento,” señaló.
El escape del interno
Recientemente, el 21 de abril, un interno de la prisión de Lurigancho, identificado como Jhon Kennedy Javier Sebastián, protagonizó una fuga extraordinaria, después de escalar la cerca perimetral en la parte trasera del centro penitenciario. Al lograr salir, el interno exclamó «¡Hallelujah! Cristo vive».
El incidente tuvo lugar durante una revisión rutinaria efectuada por el personal del Incipiente en esta prisión. Tras su huida, las autoridades iniciaron una operación conjunta con la Policía Nacional para recuperar al prisionero lo más pronto posible.
Este escape ha desencadenado una serie de reformas en el sistema penitenciario en Perú, incluyendo la renuncia del presidente del Incipiente, Javier Llaque Moya, así como del director de la prisión. También ha puesto en evidencia las graves fallas en la seguridad de uno de los centros penitenciarios más relevantes del país.
Jhon Kennedy, originario de Falcón, Venezuela, fue arrestado en Lince el 14 de agosto de 2023 tras ser acusado de robo agravado. Posteriormente, el poder judicial lo condenó a 10 años, 7 meses y 7 días de prisión efectiva.
Después de la fuga, el Ministro de Justicia informó que se han identificado a los agentes penitenciarios responsables de la seguridad en los puntos vulnerables, y se han comenzado las acciones disciplinarias correspondientes. Asimismo, el ministerio público ha sido alertado para realizar una investigación.
