Santos Quispe, El presidente de los agricultores Patla, ha expresado su enérgico rechazo a la situación actual en la que las grandes empresas mineras siguen operando sin ningún tipo de problema. Esto ha sucedido pese a una reciente orden del gobierno que busca detener la minería en la provincia durante un período de 30 días. Quispe ha hecho un llamado a que esta directriz se aplique de manera equitativa, ya que es evidente que la medida parece afectar exclusivamente a los trabajadores artesanales y a los pequeños productores que dependen de esta actividad para su subsistencia diaria.
«Si la ley es para todos, ¿por qué las grandes empresas continúan trabajando?«, cuestionó el Líder, visiblemente molesto. Su declaración resuena con la angustia de cientos de familias que viven del procesamiento de artesanías, quienes están enfrentando las consecuencias de una medida que no parece incluir a las corporaciones más poderosas del sector. Además, subrayó la inquietud general entre la población, ya que esta situación les está causando un impacto grave en su seguridad económica.
El Líder también denunció que a lo largo de los últimos años, las grandes compañías mineras han adquirido muchas tierras que anteriormente pertenecían a familias locales. Agregó que los métodos a través de los cuales se han realizado estas adquisiciones son poco claros y a menudo se asocian con prácticas coercitivas. Cuando los antiguos propietarios intentan reanudar la minería en sus tierras, se encuentran con la negativa y el uso de la fuerza, calificando su actividad como invasión.
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En respuesta a estos conflictos, el gobierno ha implementado una serie de medidas destinadas a restaurar el orden en Pataz. Esto incluye la suspensión de actividades mineras y la exclusión del Archivo curricular integral (Reinfo) para aquellos involucrados en actividades ilegales. Jorge Montero, Ministro de Energía y Estado, ha indicado que las medidas son parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para restablecer el control en la región, donde la Fuerza y la Policía Nacional están realizando patrullajes para supervisar la situación. Adicionalmente, se planea establecer rutas fiscales obligatorias para el transporte de insumos, y el uso de personal no autorizado será severamente castigado.
No obstante, Quispe, junto con otros líderes locales, ha condenado que la implementación de estas medidas no sea regular ni equitativa. Mientras que las pequeñas minas son cerradas de inmediato, las grandes empresas continúan sus operaciones sin ningún tipo de interrupción. Esta disparidad genera una creciente inquietud entre las familias locales, quienes ven amenazados sus medios de vida, dado que la minería representa su única fuente de ingresos y estabilidad económica.
