La historia de los 13 trabajadores que fueron secuestrados y asesinados en Pataz no solo es trágica por su cruel desenlace. Estos jóvenes provenían de distritos marcados por la pobreza extrema, donde las oportunidades son escasas y la lucha diaria implica saltos de un empleo a otro para poder mantener a sus familias: padres, hermanos o hijos. Detrás de cada uno de ellos había una historia de trabajo arduo y sacrificio, buscando siempre mejorar su situación y la de sus seres queridos.
«Dheyter era un trabajo duro», comentó su cuñado, Eduardo Lazo A, a Comercio por teléfono, reflejando la dureza de la vida que enfrentaba este grupo de jóvenes.
El 4 de mayo, el asesinato de 13 trabajadores de la compañía de R&R, contratista de la poderosa compañía minera, ocurrió en la región de La Libertad.
Ayer, tras once días de incertidumbre, finalmente pudieron ver a Dheyter en su hogar, ubicado en el asentamiento humano 12 de septiembre, en el sector de Las Malvinas en Tumbes. La familia pudo darle un entierro digno gracias al apoyo financiero de la Iglesia Evangélica a la que pertenecen. “No ha venido ninguna autoridad [para ayudar con el dinero]”, agregó Eduardo, un comentario que resalta la falta de apoyo institucional en momentos críticos.
El secuestro de los trabajadores tuvo lugar el sábado 26 de abril en una de las galerías del Anexo Pueblo Nuevo. Los cuerpos fueron encontrados el 4 de mayo, desnudados, esposados y con signos evidentes de tortura, lo que generó una ola de indignación y tristeza, además de una clara falta de respuesta por parte de las autoridades tanto regionales como nacionales. Se sospecha que los perpetradores del crimen están vinculados a una organización criminal liderada por un individuo conocido como «cuchillo».
La lista de víctimas incluyó a Juan Ñaupai Salva (Amazonas), Yoval Martínez García (Huánuco), César Rospigliosi Arellano (Lambayeque), Frank Monzón Valeriano, Jefry Padilla Hidalgo (Loreto), Mego Yumbato Huancho (La Libertad) y los hermanos Franklin y Jhon Facundo (Cajarca).
Franklin Facundo Inga (en la foto) y su hermano John fueron asesinados en Pataz.
«Franklin tenía 30 años y John, 24. El niño me llamó y dijo: ‘Mi hermano está dentro del túnel y si había algo, tengo que entrar’. Le dije que lo hiciera, porque los conozco. Mi hijo menor murió por su hermano«, relató el padre de ambos, quien fue entrevistado por un periodista en una transmisión en vivo. Los jóvenes, originarios de la provincia de Jaén en Cajamarca, también estaban a la búsqueda de mejores oportunidades en el distrito de Chiclayano, donde la vida era igualmente desafiante.
El padre de los hermanos Franklin y Jhon Facundo Inga.
César fue el mayor entre los trece y contaba con 40 años y dos hijos pequeños. Su experiencia laboral había sido variada; había trabajado como camarero, pero durante los últimos tres años se dedicó a proporcionar seguridad a los mineros de Pataz. En sus siete meses más recientes con la compañía R&R, se dedicaba a asegurar las instalaciones y proteger a sus compañeros. Los familiares afirmaron que fueron sus propios colegas quienes hallaron los cuerpos. «Se disfrazaron de policías. Había ocho compañeros, era la única manera en que podían hacerlo, pero no dejaron R», informó un familiar a N60 News, justo antes de la confirmación de su muerte.
César Rospiglosi trabajó como seguridad en R&R por menos de un año.
Todos los involucrados trabajaban para la R&R Company, que a su vez ofrecía servicios de protección y seguridad a la compañía minera artesanal Libmar SAC, actualmente en proceso de formalización y con un contrato para exploración y explotación con la compañía Poderosa SA, dueña de la concesión en la zona. Libmar emitió un comunicado en el que asumió todos los costos relacionados con el traslado, la vigilancia y el funeral de las víctimas. «Pedimos a la Policía Nacional de Perú (PNP), al Ministerio del Interior y a las demás autoridades competentes que cumplan con su deber de implementar políticas efectivas para prevenir actos delictivos que pongan en riesgo la vida de las personas, su seguridad, y el orden público», indicaron.
Días antes del hallazgo de los cuerpos, los familiares, desesperados por el rescate de los trabajadores, recibieron poca ayuda de las autoridades. Julio Chávez Saavedra, esposa de John Facundo Inga, explicó que el trabajo de rescate implicaba «recuperar» niveles de galerías subterráneas controladas por los delincuentes conocidos como «parkers» (que roban minerales a las empresas). «Mi esposo ha estado en el campo durante un año, y no es su primer encuentro; ya iban cinco veces a recuperar niveles«, le explicó a un representante en una transmisión digital. Chávez también confirmó que toda la información sobre la situación de los trece trabajadores provenía de compañeros de la compañía, ya que no había intervención policial o militar. «Son secuestrados, nos dicen que están vivos, pero nadie nos garantiza su seguridad«, añadió la madre de Frank Monzón Valeriano, con clara angustia.
La labor de identificación de los cuerpos tomó dos días y se realizó en la morgue de la División Médica II, que, lamentablemente, se encuentra en condiciones inadecuadas. Jorge Vásquez, director de esta división, denunció ante una agencia de noticias el recorte de presupuesto y la falta de equipos y personal capacitado para manejar situaciones de emergencia como la que ocurrió en Pataz.
Esta masacre plantea serias interrogantes sobre la seguridad de los colaboradores, mineros artesanales y trabajadores en la zona, aumentando el número de asesinatos perpetrados por bandas criminales en Pataz. En el día de la confirmación del descubrimiento de los cuerpos, la Minera Poderosa hizo público su descontento, denunciando que, a pesar del estado de emergencia declarado durante 14 meses en la provincia de La Libertad, y la presencia de un considerable contingente policial, las condiciones de seguridad han continuado en un deterioro alarmante, lo que sugiere una falta de acciones efectivas para resolver esta problemática.
