Los abogados Wilfredo Pedraza y Alejandro Rospiglosi, junto con el ex canciller Javier González-Olaechea, han expuesto una serie de hechos que justifican la intervención de la oficina del fiscal para llevar a cabo los procedimientos correspondientes. Hasta la fecha, se han presentado 9 quejas constitucionales en su contra, todas ellas formuladas por la mencionada oficina del fiscal.
En un desarrollo relevante, la Fiscalía ha presentado al Congreso un total de Cinco quejas constitucionales en contra de la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, en un tiempo sorprendentemente corto de menos de 48 horas. Esta acción ha generado un gran revuelo tanto en los medios como en la arena política. El Instituto Público ha relacionado tres de estas quejas con temas de suma importancia.
La primera queja aborda el asunto de la cirugía estética, que se presentó en junio de 2023, donde se alegan presuntos delitos de inacción y la cancelación de la situación. La segunda queja se centra en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del Partido Perú Libre, que se originó a raíz de un auto presidencial en febrero de 2024, en el que se alega la supuesta comisión de un delito con la protección personal. La tercera queja hace referencia a posibles delitos de enriquecimiento ilegal, junto con la inacción respecto a la presentación de declaraciones en la documentación correspondiente.
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En un anuncio anterior, el jueves pasado, la Fiscalía informó sobre la formación de otras dos quejas. Ambas están vinculadas al caso de Qali Whowa, en el que se investiga un presunto delito relacionado con el deterioro de la consulta. La otra queja se refiere a las protestas sociales que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en diversas regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Puno, Cusco, así como en la provincia de Lima, donde se alegan delitos de lesiones menores y graves.
Además de estas cinco procedimientos, el Instituto Público había presentado anteriormente cuatro quejas adicionales relacionadas con la Constitución. Dos de estas quejas fueron presentadas antes de la muerte y durante los eventos de protestas sociales. La tercera se refiere a las acciones de un equipo especial de la policía estatal, que prestó apoyo a un grupo especial de fiscales dedicados a combatir la corrupción en el gobierno. Por último, la cuarta queja aborda el supuesto soborno inadmisible conocido como el caso Rolex.
