Desde el pasado lunes 1 de diciembre, cientos de mineros informales mantienen cerrado un tramo de la carretera Panamericana Sur, en el kilómetro 782 en el distrito de Ocoña (Camaná), exigiendo la aprobación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Aunque los manifestantes han permitido el paso de vehículos durante una breve tregua de sólo unos minutos, la circulación sigue extremadamente restringida.
Esta situación provocó el rechazo de la Asociación de Productores Agropecuarios del Perú (AGAP), que señala que este tipo de acciones son un delito y violan los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
«Esto genera pérdidas que afectan a todos los sectores productivos, especialmente al agrícola, cuyo funcionamiento depende del traslado oportuno de insumos, trabajadores y alimentos», afirmaron en el comunicado.
Señalaron que este bloqueo ha cortado el suministro a los mercados mayoristas, algo que podría amenazar la seguridad alimentaria del país en el largo plazo.
«AGAP reafirma su respeto a las protestas pacíficas; sin embargo, el bloqueo de carreteras es un delito grave que debe ser abordado con decisión por el Estado», dijeron.
Llamaron al gobierno y a las entidades estatales a actuar de inmediato para restablecer el orden público en estas zonas afectadas y despejar las carreteras.
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