Después de la reciente salida del extranjero Gustavo Adrianzén, la presidenta Dina Boluarte decidió mantener a la mayoría de sus ejecutivos, aunque hizo dos cambios significativos en su gabinete. A pesar de la renuncia Adrianzén y de la creación de un protocolo que afecta a todos los ministros, el Jefe de Estado optó por no llevar a cabo una reestructuración profunda del gobierno. Esta decisión puede interpretarse como un intento de evitar una mayor inestabilidad política en un entorno ya tenso.
En lugar de buscar nuevas figuras políticas, Boluarte seleccionó a Eduardo Arana, quien había sido Ex Ministro de Justicia y Ministro de Derechos Humanos, como nuevo Presidente del Consejo de Ministros. Arana es una figura que ha estado presente desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte y ha defendido su administración en múltiples ocasiones. En su lugar, Juan Alcántara Medrano fue nombrado para liderar El Ministerio de Justicia. Esta maniobra ha sido interpretada como un esfuerzo por mantener la estabilidad interna del gobierno, priorizando la continuidad y la renovación de figuras que ya tienen un recorrido dentro del gabinete.
Eduardo Arana, durante su gestión en El Ministerio de Justicia, tuvo que enfrentarse a diversas controversias. Una de las más notables fue su insinuación de que los medios de comunicación estaban distorsionando la información sobre la actividad de emergencia, lo que provocó reacciones variadas en la sociedad. Además, su relación con ciertos círculos de poder le ha valido el apodo de «asesor a la sombra», sugiriendo que su influencia se extiende más allá de su cargo oficial.
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Por otra parte, Juan Alcántara, el nuevo comandante de justicia, también ha llegado a su puesto rodeado de cuestionamientos. Su cercanía a la presidenta Nicanor Boluarte ha despertado críticas, ya que se ha señalado que su ascenso como diputado estuvo intrínsecamente vinculado a esta relación. Además, se le ha apuntado con posible responsabilidad en las irregularidades que se han descubierto a lo largo de su carrera, especialmente durante su período como Secretario en Comunidad Amplio.
En este contexto, el politólogo José Alejandro Godoy, de PUCP, ha opinado que la presidenta Dina Boluarte no busca un cambio radical en su gabinete; más bien, parece estar enfocada en mantener el poder hasta el final de su mandato. La falta de apoyo ciudadano y de legitimidad política complica la situación de su administración, haciendo difícil pedir nuevas elecciones o una reforma significativa en el sistema de gobierno.
