Anunciar la ley de agentes extranjeros
El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado un anuncio significativo al presentar un proyecto conocido como «Ley de agentes extranjeros», que tiene como objetivo implementar un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Esta medida resulta de la creciente preocupación del presidente hacia las actividades y financiamiento de estas entidades, en particular tras recientes incidentes que han atraído la atención pública.
La decisión del presidente surge en un contexto en el que varias organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos manifestaron su indignación tras la detención «Arbitrario» del abogado ambiental Alejandro Henríquez. Esta acción ha levantado alertas sobre los métodos de control y represión que se están llevando a cabo en El Salvador en relación con las voces críticas y los defensores del medio ambiente.
En su cuenta de X, Bukele explicó: «Decidí enviar a la Asamblea Legislativa la ley de agentes extranjeros, que incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones» que reciben las ONG en El Salvador. Este anuncio ha sido recibido con escepticismo y preocupación por parte de los sectores que defienden la transparencia y los derechos de la sociedad civil. Sin embargo, Bukele no ha proporcionado detalles adicionales sobre cuál será la implementación específica de esta ley ni cómo afectará en la práctica a las organizaciones implicadas.
Se espera que el Congreso, que está bajo el control del partido del presidente, apruebe la ley sin mayores dificultades, lo cual ha generado críticas respecto a la falta de autonomía y balance de poderes en el país. Cabe recordar que en 2021, Bukele ya había presentado un proyecto de ley similar, aunque esta medida no logró pasar el umbral de aprobación en el Congreso.
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El abogado Alejandro Henríquez fue arrestado bajo la acusación de incitar al desorden público, según lo explicado por Carlos Flores, del foro de agua, una plataforma que agrupa a diversas organizaciones dedicadas a la defensa del derecho al agua y a la que pertenece Henríquez. Su arresto se produjo tras su participación en una manifestación el lunes, que tuvo lugar en una carretera cercana a la residencia del presidente Bukele, en la periferia suroeste de San Salvador.
Durante esta manifestación, se produjo un enfrentamiento entre algunos de los participantes y las fuerzas antidisturbios de la policía, lo que resalta el clima de tensión existente en el país. Los manifestantes exigían la intervención del presidente para evitar el desalojo de aproximadamente 300 familias pertenecientes a una cooperativa de agricultores, que se enfrentaban a la amenaza de ser echadas de una propiedad privada en las afueras de la ciudad de Santa Tecla, situada al oeste de San Salvador.
En este contexto, Bukele ha afirmado que a través de esta nueva ley y el correspondiente impuesto que se aplicará a las ONG, se busca «encontrar una solución real» a las problemáticas que enfrentan las familias de esta cooperativa. Así, el gobierno parece estar intentando presentar la medida como una solución, aunque muchos críticos cuestionan la verdadera intención detrás de esta imposición.
Observando la situación en la región, el caso de Nicaragua también es relevante. Allí, el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han implementado una serie de medidas contra las ONG, resultando en el cierre de 5.600 organizaciones desde las protestas de la oposición en 2018. Este contexto regional amplía el horizonte y las preocupaciones sobre el estado de las libertades civiles y la actividad de las organizaciones no gubernamentales en Centroamérica.
