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Las investigaciones han revelado que una poderosa compañía minera estableció un contrato de concesión con la empresa Libmar, la cual, a su vez, contrató de manera informal a la compañía R&R para que se encargue de la seguridad en su boca de mina. Este mismo modelo de trabajo precario se ha replicado en diversas áreas de Pataz. En esencia, se observa que los empleados no reciben beneficios laborales ni seguro de vida, dado que solo se les remunera por día trabajado, lo que pone de manifiesto una alarmante falta de derechos en su entorno laboral.
¿Quiénes son los propietarios de la compañía de seguridad R&R?
El Ministerio Público ha recopilado el testimonio de un hombre que trabajaba en la compañía de seguridad R&R, a la que pertenecían los 13 agentes asesinados en Pataz. En su declaración, el testigo, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, indicó que Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas serían los que gestionan la agencia de seguridad.
Este testigo también reveló que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) molestan a los potenciales empleados de seguridad utilizando métodos de amenaza y coerción, lo cual es un claro indicativo de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que buscan trabajo en esta área.
El Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y la policía de Franklin Yonathan Pérez Vargas están sindicados para dirigir una compañía de seguridad de Pataz.
«A través de la ley de obtener información a través de una fuente humana, fechada el 1 de mayo, fue posible obtener información valiosa proporcionada por un colaborador anónimo que, por temor a represalias, reservó su identidad«, indica el documento del Ministerio Público.
«Esta persona dijo que había trabajado junto con las víctimas y proporcionó un testimonio detallado sobre el entorno en el que ocurrió el secuestro, revelando la existencia de una compañía de seguridad informal llamada R&R, supuestamente dirigida por la policía: Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas«, declaró el testigo.
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«Según esta fuente, las víctimas pertenecerían a esta compañía de seguridad R&R, que no está registrada en SUNARP y opera en la clandestinidad, reclutando personal bajo condiciones de coerción y amenaza«, se indica en otra parte del documento.
El fiscal indica que la empresa R&R opera informalmente
El presidente de la junta de fiscales superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, informó que la compañía R&R opera de manera informal, ya que no está registrada en SUNARP. Confirmó que dos policías están sindicados como propietarios de la compañía, pero no figuran en los registros como tales.
«El fiscal provincial de Pataz me refiere a un informe en el que se revelan, entre otros actos y procedimientos reservados, que esta compañía R&R sería la que brindaba un servicio de seguridad a la compañía Libmar, que tenía un subcontrato o vínculo con la poderosa compañía. Este informe menciona que una fuente, en una comunicación con un código de reserva, indica que la R&R estaría dirigida por personas de actividad cuya identidad no puedo revelar por razones de reserva de la investigación«, dijo el fiscal.
Los agentes policiales ingresan a una bocamina en Pataz.
«Según mi conocimiento, existe una prohibición de que los agentes de policía en actividad contraten, por lo que, replicando, indicamos que los agentes mencionados estarían involucrados con la empresa R&R. Esta es una empresa que, según informes, no figura en los registros públicos, pero que realmente opera bajo esa denominación«, añadió.
¿Quiénes son los oficiales de policía sindicados para manejar la agencia de seguridad R&R?
La empresa de R&R parece estar bajo la gestión de los oficiales de policía Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas, quienes son parte de la PNP y están activos en la región de La Libertad. El primero mencionado forma parte de la Unidad de Operaciones Especiales del Escuadrón Verde, mientras que el segundo está adscrito a una comisaría en Huanchaco.
Estos agentes parecen tener conocimiento sobre las bandas criminales que operan en Pataz, y se beneficiarían del respaldo de otros oficiales de policía si necesitaran apoyo para contrarrestar la actividad de mineros ilegales. Este apoyo logístico generalmente proviene de mineros informales que requieren de su intervención.
El testimonio de la fiscalía ha mencionado que la compañía R&R tiene como operadores a José Ramiro Lozano Peche, conocido como ‘técnicas’; Luis Alberto Chuquizuta Guerra, apodado ‘Piscis’; y Gianpierre Eduardo Baca Infante, también conocido como ‘Norteño’. Estos últimos son los encargados de capacitar a los agentes de seguridad que son contratados, y se sabe que suelen reclutar jóvenes que han completado su servicio militar.
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Segundo Nicolás Cueva Rojas
En relación a la compañía Libmar Sac, que inició sus operaciones el 28 de febrero de 2023, su representante legal es el segundo Nicolás Cueva Rojas. Este individuo presenta antecedentes de quejas policiales por invasión de tierras, robo agravado y agresión.
Esta es la información en Sunat de la empresa Libmar.
El programa «contracorriente» ha indicado que el nombre formal de la compañía R&R podría ser ejecutores y contratistas R&R SAC. De acuerdo a la información ofrecida por Sunat, el domicilio fiscal de esta compañía se encuentra en la ciudad de Tayabamba, capital de la provincia de Pataz, señalando que su actividad principal es el servicio de mensajería, además de realizar el transporte de carga por carretera.
Esta es la información de Sunat de los ejecutores y contratistas de la empresa R&R SAC.
La pista de armas de fuego
Mientras se cuestiona acerca de su postura inicial sobre el paradero de los 13 mineros desaparecidos, el Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció, el 5 de mayo, la detención en San Juan de Lurigancho de un sujeto presuntamente involucrado en la matanza de Pataz, aunque no reveló su identidad hasta entonces.
Este individuo sería Luis Alberto Chuquizuta Guerra, también conocido como ‘Piscis’, un supuesto ‘operador’ de la compañía R&R, quien fue arrestado el 2 de mayo en la avenida Francisco Wiese, donde fueron halladas dos armas de fuego. Este sujeto poseía la licencia de solo una de ellas, mientras que la otra, perteneciente a una marca Glock, era de propiedad de Juan Joel Ñaupai Salva, uno de los agentes de seguridad muertos en Pataz.
Chuquizuta Guerra declaró que el arma iba a entregarse al hermano de Juan Ñaupai. Actualmente, está bajo arresto por posesión ilegal de armas y sus sospechas de estar involucrado en el asesinato de 13 trabajadores mineros.
Los oficiales de policía tienen prohibido establecer o pertenecer a compañías de seguridad
Carlos Tuse, ex Superintendente de Sucamec y ex Director de Investigaciones de la Inspección de la Policía, explicó a Comercio que los agentes de la PNP tienen prohibido estar involucrados en compañías de seguridad, conforme a lo que establece el Decreto Legislativo 1213.
«La policía no puede poseer ni administrar una compañía de seguridad, ya que el Decreto Legislativo 1213 prohíbe que los miembros de la Policía Nacional y las fuerzas armadas en actividad ejerzan funciones de seguridad en cualquiera de sus formas, sea como dueños, accionistas, representantes o delegados, entre otros«, explicó.
«Este tipo de conducta es reprobable y sancionable, y la ley es severa en este aspecto. Los implicados enfrentarán duras penas, incluso la separación de sus filas«, añadió.
El asesinato de 13 agentes de seguridad en Pataz ha conmocionado a Perú.
TUSE comentó que no es sorprendente que algunos policías participen en la creación de compañías de seguridad, ya que se ha convertido en una práctica alarmante en años recientes. En el caso particular de su proliferación en Pataz, subrayó que estas agencias operan de forma clandestina y no están registradas en entidades oficiales como Sunarp o Sucamec.
«Los nombres que adoptan pueden parecer corporativos, pero carecen de respaldo legal, no están en los registros públicos, y no han sido autorizadas por Sucamec, a pesar de tener un logotipo distintivo«, acotó.
Por su parte, Ricardo Valdés, ex ministro del interior, expresó su desconcierto ante el hecho de que ni la policía ni el Ministerio del Interior se han manifestado respecto a este caso grave que involucra a dos oficiales de policía acusados de dirigir una compañía de seguridad en Pataz. Esto ha llevado a especulaciones, sugiriendo que son meros testaferros de oficiales de alto rango dentro de la PNP.
«Mi preocupación radica en el hecho de que no ha habido pronunciamientos claros por parte del Ministerio del Interior o la Policía Nacional para mitigar el daño y aportar transparencia a este proceso. Este silencio podría indicar intereses ocultos, lo que me lleva a cuestionar si, efectivamente, estos dos agentes actúan como las cabezas de una estructura más amplia dentro de la policía«, indicó.
«Lo que resulta preocupante es que, considerando la influencia del fiscal superior de La Libertad, uno esperaría una respuesta más rápida del Ministerio del Interior y la Policía Nacional; el hecho de que esto permanezca sin respuesta es inquietante, considerando que existen nombres que han sido señalados. Depende de la policía determinar la veracidad de estas acusaciones y su eventual acción, dado que la situación es alarmante ya que implica la ejecución de funciones prohibidas«, agregó.
Finalmente, Pedro Yaranga, un analista en seguridad integral y gestión de riesgos, destacó que los agentes de seguridad en Pataz están «contratados al paso» y se les provee de armamento con el fin de que puedan desalojar a los delincuentes que han ocupado las bocaminas.
