Carbajal dijo a que las denuncias por extorsión serían más de 27.000 al cierre de 2025, según la tendencia actual.. Asimismo, explicó que Sidpol tiene datos abiertos desde 2018. “Las denuncias por extorsión registradas en agosto, septiembre y octubre de este año en Lima Metropolitana y Callao son 982, 984 y 979, respectivamente”, mencionó.
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El martes 4, el Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó con 20 votos el dictamen para modificar los numerales 5 y 24 del artículo 2 de la Constitución Política; Sólo dos parlamentarios optaron por abstenerse: Wilson Soto Palacios (Acción Popular) y Margot Palacios Huamán (Juntos por el Perú). Su discusión está pendiente en el pleno del Parlamento.
La opinión en detalle
Actualmente, la Constitución sólo permite ampliar el plazo máximo de detención policial hasta por 15 días naturales en casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales.
Por ello, el dictamen, que recae en cuatro proyectos de ley, busca modificar el segundo párrafo del inciso f del numeral 24 del artículo 2 de la Carta Magna para que no aplique el plazo máximo de detención de 48 horas en los casos de extorsión y sicariato..
“En tales casos, las autoridades policiales podrán practicar la prisión preventiva de los presuntos sospechosos por un período no mayor a quince días naturales. Deberán informar al Ministerio Público y al juez, quienes podrán asumir competencia antes de que expire dicho plazo.«, se lee en el proyecto de ley 12440/2025-CRpreparado por el congresista Alejandro Muñanteuna de las propuestas sobre las que recae el dictamen.
En entrevista con , Muñante declaró que la iniciativa es una respuesta razonable y proporcional al riesgo que la delincuencia representa para la seguridad y la economía de los peruanos. Mencionó que una de las razones es resolver obstáculos administrativos.
Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular (Foto: Congreso)
“Cuando un extorsionador o un sicario es detenido en flagrante delito, muchas veces las pericias y elementos de convicción necesarios para solicitar la prisión preventiva no se obtienen dentro de las 48 horas y los fiscales tienen que dejar en libertad a los delincuentes. «También ocurre que los detenidos presentan un ‘hábeas corpus’ por prolongación excesiva del plazo de detención y acaban en libertad», manifestado.
El parlamentario sostiene que este problema también se da porque falta de laboratorios criminalísticos en nuestro país, lo que genera una sobrecarga a la Policía Nacional (PNP) de reportes que no se realizan a tiempo.
“Altos funcionarios policiales con los que he hablado me han dicho que a veces sucede que un fiscal deja en libertad a un detenido en un operativo, porque falta uno de los veinte elementos necesarios en la pericia policial. Estos casos que he mencionado generan enfrentamiento entre la Policía y el Ministerio Público. Por eso queremos presentar esta reforma constitucional, de tal manera que dentro de 15 días podamos solucionar este problema y garantizar que no haya ningún tipo de impunidad.”, afirmó.
Por otro lado, Arturo Alegría Garcíapresidente de la comisión de Constitución, sostuvo que El plazo ordinario de 48 horas es insuficiente para investigar estructuras criminales complejas que operan con sofisticación tecnológica, jerarquías violentas, comunicación cifrada y redes financieras transnacionales.. En ese sentido, destacó el fallo como una herramienta para enfrentar la delincuencia.
Alegría es coautora del proyecto de ley 5816/2023-CRque, a través de la modificación del numeral 5 del artículo 2 de la Constitución, propone el levantamiento de la reserva bursátil -información confidencial relacionada con operaciones y datos de personas en el mercado de valores- a solicitud de un juez, la Fiscalía, una comisión investigadora del Congreso, la Contraloría General o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Arturo Alegría, presidente de la Comisión de Constitución y parlamentario de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
/“Esta medida es adecuada y necesaria para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del crimen organizado, delitos frecuentemente vinculados a la extorsión. Elevar este mecanismo a rango constitucional proporciona una base sólida y establece un control judicial para su levantamiento, permitiendo rastrear el origen y destino del dinero ilícito.“dijo el congresista de Fuerza Popular.
Por su parte, la congresista Gladys Echaiz Dijo que investigar a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato es un proceso complejo, que implica verificar registros de llamadas, dueños de líneas telefónicas, revisión de cuentas bancarias, entre otros. En este sentido, mencionó que es justificable extender la detención en flagrancia hasta por 15 días..
Asimismo, Muñante expresó que la modificación constitucional no generará ningún costo al Estado. «Aquí no estamos creando una nueva unidad ni pidiendo una reforma presupuestaria. Se trata de dotar de una herramienta adicional a la justicia para la labor investigativa que realiza.“, indicó.
¿Cuándo entraría en vigor la enmienda a la Constitución?
El dictamen fue publicado el 4 de noviembre en la página web del Congreso, por lo que requiere siete días para ser priorizado en la agenda del Congreso Pleno. De tal manera que podría debatirse en la tercera semana de noviembre.
Asimismo, al tratarse de una reforma constitucional, requiere ser aprobada en dos legislaturas. “Podríamos celebrar la primera votación en noviembre y la segunda en marzo. Así, recién en marzo del año siguiente podría entrar en vigor la reforma constitucional.”, dijo Muñante.
Operación en duda
Erika SolísAbogado de la PUCP y experto en criminalística, cuestionó si la medida tiene la capacidad operativa para reducir la incidencia de los delitos de sicariato y extorsión. “Por sí sola, la medida no funcionará. «Si no va acompañado de medidas que fortalezcan la investigación del delito, lo único que hará será violar el derecho y principio de presunción de inocencia», declaró a .
Por otro lado, mencionó que las consecuencias de la reforma constitucional prevista causarán un costo para el Estado. “Los casos de extorsión y sicariato crecen a diario. Si la Policía va a tener que detener a personas acusadas de estos delitos hasta por 15 días, ¿dónde los van a alojar? Las comisarías ya tienen espacio limitado. Entonces, hay un costo de espacio como consecuencia. Decir que la norma no tendrá costo es pretender que no funciona, porque no se asignarán recursos a la Policía«, argumento.
