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A través del decreto de emergencia No. 006-2025, el gobierno nacional revocó automáticamente el registro de 1425 en el Registro integral de formalización minera en Patla la provincia de Libteña donde 13 trabajadores mineros fueron asesinados.
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Esta acción está orientada a prevenir que el Reinfo funcione como una fachada para encubrir actividades ilegales relacionadas con la extracción no autorizada de recursos. Asimismo, el gobierno ha establecido la necesidad de una intervención coordinada en Pataz para gestionar y regular el uso de materiales químicos, explosivos y otros relacionados con la explotación minera.
Respecto a los distritos, se revocaron 144 Reinfos en Tayabamba, 585 en Parcoy y 696 en Pataz.
“El gobierno nacional está tomando una serie de medidas y llevando a cabo acciones con el fin de restablecer el orden en Pataz, proteger nuestros recursos naturales y devolver la paz a la comunidad. El Estado se hará cargo de los delitos organizados relacionados con la minería ilegal,» afirmó el primer ministro Gustavo Adrianzen.
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Más medidas
En adición a las acciones anteriores, el gobierno ha ordenado la implementación de tecnología avanzada para abordar el problema de la minería ilegal. Según un comunicado de prensa reciente, se llevará a cabo un sistema piloto de trazabilidad del comercio de oro, el cual será supervisado por el Ministerio de Energía y Minas (minem). Además, se establecerá un Sistema de control y monitoreo inalámbrico (con tecnología GPS) que tendrá como objetivo rastrear vehículos de transporte de mercancías, siendo esta responsabilidad de la Superintendencia del transporte terrestre de personas, carga y mercancía (Sutran).
Por otro lado, es importante mencionar que se establecerán tres puntos de control en los accesos a la zona de Pataz Aurífera, lo que representa un esfuerzo adicional por parte del gobierno para asegurar que las actividades mineras se realicen de manera regulada y bajo estrictas condiciones de seguridad.
El enfoque del gobierno parece claro: se trata de una estrategia integral para desmantelar las estructuras ilegales que han proliferado en el sector, protegiendo al mismo tiempo tanto los recursos naturales como a las comunidades afectadas. Con estas medidas, se espera que se logre un equilibrio sostenible entre la explotación de recursos y la protección del medio ambiente, así como la seguridad de la población local.
