El juez Concepción Carhuancho desestimó una solicitud del ex presidente de 80 años
El poder judicial ha tomado una decisión finalmente en relación con el caso de Alejandro Toledo, quien deberá enfrentar un castigo de 20 años y seis meses bajo arresto. Esta noticia marca un momento significativo en la prolongada saga legal que involucra al ex presidente.
El primer Tribunal Nacional de Investigación Preparatoria, que supervisa a los jueces, liderado por el Richard Concepción Carhuancho, decidió no aplicar de forma automática la Ley 32181 en el caso de Toledo. Esta ley permite, bajo ciertas condiciones, que los adultos mayores de 80 años puedan optar por el arresto domiciliario. Sin embargo, el juez aclaró que el veredicto contra el ex presidente no es firme, dado que hay un proceso de apelación en curso.
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La normativa que entró en vigor en Diciembre de 2024 establece que los adultos mayores de 80 años podrían tener la posibilidad de estar bajo arresto domiciliario. No obstante, el juez enfatizó que Toledo no cumple con los requisitos necesarios para beneficiarse de esta disposición, principalmente porque aún no tiene una condena definitiva.
El ex presidente ha sido encontrado culpable de varios delitos, entre ellos la consulta ilícita y el lavado de dinero en relación con dos proyectos específicos: 2 y 3 de la carretera interoceánica.
En la sentencia, se informó que Toledo recibió 9 años de prisión por la consulta ilícita y 11 años y 6 meses por el lavado de dinero. El tribunal detalló que el ex presidente había recibido la suma de 35 millones de dólares de Odebrecht, presuntamente como soborno para facilitar el pago a la compañía brasileña a cambio de contratos de obras públicas mal gestionados.
Durante el proceso, se encontraron varias irregularidades, incluyendo la manipulación del procedimiento y la aceleración fraudulenta de las negociaciones. Estas acciones ilegales fueron claramente atribuidas directamente al comportamiento de Toledo, quien permanecerá bajo custodia mientras se resuelve su apelación.
Esta decisión judicial sienta un precedente sobre la aplicación rigurosa de la ley de corrupción, incluso en casos que involucran a personas mayores. Es un recordatorio de que, independientemente de la edad, las acciones ilegales tendrán consecuencias serias.
Por ahora, Toledo deberá seguir enfrentando el proceso judicial mientras espera que el tribunal Nacional analice su apelación. Esta apelación no solo determinará su futuro inmediato, sino que podría incluso mantenerlo en prisión durante un tiempo considerable, posiblemente hasta 100 años.
