El Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Mina (Minem), ha tomado recientemente una decisión importante al aprobar una regla que establece nuevas medidas destinadas a asegurar el funcionamiento continuo de las instalaciones dedicadas a la Refinación y procesamiento de hidrocarburos. Esta normativa aún se encuentra en proceso de registro en el Registro de Hidrocarburos, bajo la supervisión del Registro del Supervisor de Energía e Inversión Minera (Osiergmin).
La regulación suprema no. 008-2025-EM, que fue publicada en la Gaceta Oficial de El Peruano, establece que instalaciones como la refinería de TALAS pueden continuar en operación mediante el cumplimiento de ciertos requisitos, que incluyen la obtención de títulos calificados, certificados, opiniones técnicas, y otros permisos necesarios en el sector. Esta medida es parte de los objetivos más amplios de la Política Energética Nacional, que se extiende desde el año 2010 hasta el 2040.
Según la normativa, los títulos mencionados deben estar formalizados y presentados en el cronograma detallado de Osiergmin en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la entrada en vigor de la nueva regulación. Este cronograma no podrá extenderse más allá de 18 meses e incluirá informes de progreso mensuales relacionados con las actividades programadas.
Durante este periodo, las operaciones en las instalaciones se mantendrán activas mientras Osiergmin lleve a cabo un monitoreo técnico adecuado. Además, se contempla la posibilidad de asignar extensiones excepcionales, siempre y cuando el Ministerio de Energía y Mina respalde adecuadamente estas solicitudes y se justifique su impacto en la oferta interna de combustibles.
El director ejecutivo del Minem ha declarado que esta disposición busca evitar interrupciones en la entrega de combustible a nivel nacional y reforzar la seguridad energética del país. Esto responde a un esfuerzo continuo por modernizar la infraestructura crítica de la nación y asegurar que se puedan satisfacer las necesidades energéticas del país de manera efectiva.
Además, es significativo que este estándar excluya de manera explícita la aplicación de un antiguo análisis ex ante, el cual estaba dirigido a entidades públicas que se ocupan de desarrollar procesos vitales para la operatividad energética en el ámbito nacional.
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