El INFRA Summit 2025, organizado por la Universidad de Lima y Latac Business, se llevará a cabo el próximo lunes 24 de noviembre en la Universidad de Lima (Auditorio O – edificio 1), de 14 a 21 horas. Carlos Chau, Director Ejecutivo de INFRA Summit 2025, analiza los desafíos de PPP y G2G, y sugiere cómo fortalecer la gestión de proyectos de infraestructura en el país.
¿Cuáles son los principales temas que se discutirán en la Cumbre INFRA 2025?
El foro surgió de la necesidad de aportar mayor claridad a la discusión sobre los méritos de las alianzas público-privadas (APP) y de gobierno a gobierno (G2G) para financiar grandes proyectos de infraestructura. La Universidad de Lima está comprometida con promover las mejores prácticas para el desarrollo de estos proyectos y, junto con Latac Business y otras organizaciones, se esfuerza por acercar este debate a la ciudadanía. El propósito es proporcionar una mejor base para el uso adecuado de ambos modelos.
¿Cuáles son los hallazgos en el uso de mecanismos G2G y APP?
En el caso de G2G, hay un claro enfoque en la velocidad y la eficiencia. Es como si el mejor director de proyectos del mundo te aconsejara terminar rápido y con calidad, aunque la financiación sigue siendo totalmente estatal. Sin embargo, la rapidez con la que se llevan a cabo hace que aspectos clave como la operación y el mantenimiento no estén previstos. es un punto pendiente
¿Y respecto a la modalidad APP?
Las APP fueron un pilar en el desarrollo de grandes concesiones. Permitieron la transferencia del riesgo de inversión al sector privado, generando un estímulo fiscal significativo. Pero también hay que ser modestos: detrás de sus ventajas hay casos de retrasos, como el de la línea 2 del metro. La causa no es necesariamente el modelo, sino fallos del Estado, como retrasos en la entrega de terrenos, que provocan demoras y arbitrajes.
¿Podría la sostenibilidad fiscal ser una limitación a la hora de elegir entre estas modalidades?
Sí. Los G2G dependen de la capacidad fiscal del Estado y no abordan temas como expropiaciones, terrenos o permisos, que son su responsabilidad. Las APP también están sujetas a incumplimientos, lo que puede generar gasto fiscal. Además, G2G aún no incluye contratos de operación y mantenimiento, lo que supone un riesgo para la viabilidad del proyecto.
El papel del controlador es importante, pero algunos expertos señalan que puede generar desincentivos. ¿Cómo poner límites?
Ha tocado un punto importante, si bien el modelo G2G nació para acelerar las inversiones, no podemos olvidar que vivimos en un período marcado por la desconfianza derivada de los casos Odebrecht y Lava Jato. Esta desconfianza se ha extendido al sector público y está afectando la aplicación de la ley.
proyectos.
Entonces, ¿cómo logramos un equilibrio?
El llamado a la conciencia es porque no entendemos del todo que el sistema de grandes proyectos no depende sólo de inversiones del MEF o del sector privado, sino de la participación coordinada de todos los actores. Cada uno de ellos juega un papel importante para cerrar las brechas. Si no trabajan juntos, el ciclo se rompe. Esta coordinación requiere liderazgo del Gobierno, que debe convocar a las instituciones del ecosistema y alentarlas a asumir sus responsabilidades.
Muchos proyectos se han retrasado en las regiones debido a interferencias políticas. ¿Cómo reducirlo?
Los gobiernos subnacionales tienen un papel muy importante, pero no tienen la capacidad suficiente. La descentralización se ha estancado: ha transferido funciones pero no poderes. Por lo tanto, muchos gobiernos regionales tienen múltiples responsabilidades pero poca preparación.
El error fue que fueron evaluados únicamente por la ejecución del presupuesto. El desempeño del proyecto se mide no sólo por cuánto se gastó, sino también por la satisfacción del público: si las obras se terminaron a tiempo, si se brindaron servicios de calidad y atención oportuna. Debería ser una mejor medida de gestión.
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