Él Ejecutivo adoptó el Decreto sobre el estado de emergencia no. 008-2025, que establece medidas extraordinarias para garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos. Estas provisiones generarán ahorros estimados en S/1,200 millones durante el presente ejercicio fiscal, con el objetivo de cumplir con la regla fiscal 2025 (déficit máximo de 2.2% del PBI) y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que las medidas apuntan a garantizar una gestión eficiente y responsable del gasto público. «El ahorro no es una meta en sí misma, sino un medio para proteger la estabilidad económica del país y garantizar que cada sal del Estado se utilice de manera eficiente y transparente. Estas medidas son necesarias para cumplir la meta fiscal y mantener la confianza en la economía peruana», afirmó el titular del MEF.
El decreto sobre situaciones de emergencia, que se aplica a todos los documentos del Poder Ejecutivo, establece tres medidas prioritarias: un máximo de siete días para la aprobación de transferencias financieras, a contar desde la publicación del decreto; Modulación del gasto en bienes y servicios no críticos, como publicidad, eventos, consultoría y servicios diversos; y Determinar las prioridades de gasto de las inversiones en ejecución, sin afectar la continuidad de los servicios básicos ni el funcionamiento regular de las entidades.
Estas restricciones temporales se aplican tanto al gasto corriente como al de capital, asegurando que los recursos públicos se concentren en sectores productivos y servicios básicos. La medida no afecta obligaciones sociales ineludibles, como las transferencias al Fondo de Pensiones de la Policía Militar, el programa Llamkasun y el Seguro Integral de Salud (SIS).
Asimismo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a redistribuir los fondos creados por la aplicación del decreto en una reserva para casos imprevistos, fortaleciendo la capacidad del Estado para responder ante posibles situaciones sin poner en riesgo el equilibrio fiscal.
En materia de inversiones públicas, la norma da prioridad a proyectos con expediente técnico aprobado o contrato firmado, asegurando la continuidad de las obras en ejecución y evitando la creación de nuevas obligaciones sin respaldo técnico o presupuestario.
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