Bench Somos Perú ha presentado una propuesta legislativa que busca establecer un marco legal para la privatización de las prisiones con el objetivo de reducir de manera significativa la población carcelaria y garantizar el control, entre otras consideraciones. Este enfoque ha generado un debate considerable dentro del panorama político del país, ya que involucra la participación del sector privado en la administración de un servicio tan delicado como el encarcelamiento.
La propuesta legislativa articula un conjunto de acciones que permiten «al estado autorizar y promover la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, para la construcción y administración de los centros penitenciarios». Este aspecto ha suscitado preocupaciones en diversas esferas, incluyendo derechos humanos y la ética de asegurar que los prisioneros reciban un tratamiento justo.
Por otro lado, el proyecto establece que el estado, a través de un organismo especializado, tendría la autoridad para llevar a cabo actividades de monitoreo, supervisión, y elaboración de informes, así como la capacidad de aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Esto se plantea como un intento de garantizar que la privatización no se traduzca en condiciones de hacinamiento o abuso.
La propuesta menciona que «la implementación de la metodología de gestión de resultados es válida», lo que sugiere que se buscaría una evaluación continua del desempeño de las instituciones penitenciarias privatizadas. Adicionalmente, se habla de auditorías y supervisiones anuales que asegurarían la higiene, salud, seguridad y rehabilitación de los internos, en conformidad con disposiciones complementarias a este texto legal y sus normativas respectivas.
En la cartera
Recientemente, el Ministerio de Justicia compartió que cuenta con una cartera de 40 proyectos valorados en aproximadamente 4,888 millones que están relacionados con la mejora y la expansión del sistema penitenciario en el país. Esto refleja un enfoque proactivo por parte del gobierno para abordar los problemas existentes en el sistema penal.
Además, hace aproximadamente una semana, el ministro de Justicia, Eduardo Aran, anunció que presentará un decreto que se alinearía con la privatización de las prisiones, previendo un sistema más eficiente en la gestión de ingresos y salidas de los reclusos. Este tipo de iniciativas podría transformar la forma en que se manejan las prisiones en Perú, aunque todavía queda incertidumbre sobre su implementación práctica y las posibles repercusiones sociales.
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