Política

En resumen con cero controladores de controladores cortos

Military Conseled dijo que una licencia que usan solo les permite conducir vehículos desde FF.AA.

La situación en la página de transporte está llena de irregularidades y se podría considerar un verdadero desastre. Este problema va más allá de conductores informales, ya que hay personas que logran evadir controles con bastante facilidad. Este escenario incluso involucra al Presidente. Se ha reportado que dos conductores han tenido su licencia de conducir cancelada, pero lo más alarmante es que, a pesar de esto, continúan al volante.

Esta situación representa un desafío grave para la seguridad vial en el país. No solo se debe considerar el alto costo de las multas, que sumarían un total de S/ 81 millones 753 mil 569 entre enero y marzo de 2025, según datos del SAT. El problema abarca una responsabilidad multifacética en la conducción que conlleva consecuencias aún más severas. Hasta el momento, se han registrado 864 muertes en Accidente de tráfico durante este año, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar esta problemática, según cifras proporcionadas por Sinadef.

Sin embargo, la cuestión no se limita a conductores comunes; también involucra a figuras del Gobierno. Un ejemplo de esto es Hernán Gonzales Cuipal, quien es un comandante de la Marina de guerra. Este individuo se encuentra en la posición de proporcionar servicios como conductor para la flota de vehículos del Presidente. Lamentablemente, se ha revelado que su licencia fue cancelada en 2010, de acuerdo a la información disponible en el Ministerio de Confederación (MTC).

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La historia de Gonzales no es la única que despierta interrogantes. Desde 2020, ha sido multado por el uso del teléfono móvil mientras conducía un vehículo de la Marina de guerra. Este tema no es aislado; otro caso notable incluye al conductor Presidente, el oficial de la Policía nacional Danny Jhoel Siccha Ocampo, quien tiene multas pendientes desde abril de 2022, lo cual representa una falta que ha persistido durante más de tres años.

A pesar de la anulación de sus licencias de conducir, estos individuos han encontrado maneras de eludir la ley y continuar conduciendo, lo que pone en evidencia una falta de control y supervisión. La situación es aún más preocupante cuando se considera que tanto la policía como el ejército (FF.AA) permiten que ciertos individuos sigan operando vehículos, aunque este privilegio debería ser reservado solo para agencias autorizadas.