Las compañías de corretaje de movilidad digital, tales como Didi, Uber y Carfirmy, junto con diversas cámaras y asociaciones, han manifestado su preocupación respecto a la potencial aprobación en el Congreso plenario de las opiniones de la Comisión de Transporte y Comunicación, relacionado con la cuenta 842. Esta situación ha generado un debate significativo en el ámbito del transporte público y la regulación de plataformas digitales.
El objetivo de esta iniciativa, como se ha comentado, es aplicar normas al sector de la plataforma digital, específicamente diseñado para el servicio de taxi público. Sin embargo, se ignora la naturaleza tecnológica de estas plataformas y su modelo de colaboración, que ha revolucionado el transporte urbano.
A través de un comunicado, los representantes de estas plataformas expresaron lo siguiente:
1. Las plataformas de movilidad digital no deben ser consideradas como compañías operativas que transportan pasajeros; son, en realidad, mediadores tecnológicos. Su modelo de negocio permite que millones de viajeros se conecten con cientos de miles de conductores independientes, ofreciéndoles la posibilidad de brindar sus servicios según su disponibilidad y horario.
2. Este modelo flexible ha permitido que más de 150 mil familias obtengan ingresos complementarios de manera autónoma. No obstante, existen preocupaciones sobre la sugerencia de regular estas empresas como si fueran un servicio público tradicional de taxi, con licencias estrictas, requisitos de vehículos de color específico, y otros condicionantes que, si bien son comunes, podrían generar costos innecesarios. Esto, a su vez, repercute negativamente en la calidad del servicio de movilidad urbana.
3. Las posibles consecuencias de implementar una regulación excesiva serían múltiples y complejas:
● No se garantiza una mayor seguridad: Un estudio de IPE indica que el 64% de los peruanos perciben las plataformas digitales como más seguras que los taxis tradicionales, gracias a características como el seguimiento en vivo, botones de emergencia, y la opción de compartir rutas. La exigencia de licencias similares a las de taxis tradicionales no garantiza un aumento en la seguridad.
● No se asegura una mayor formalización: Actualmente, estas plataformas operan bajo el marco legal vigente y emplean tecnologías avanzadas para asegurar procesos de validación y filtros de seguridad continuos para los conductores. La implementación de procedimientos burocráticos adicionales no contribuirá a la formalización, sino que podría obstaculizar el acceso a un modelo comercial eficiente y transparente, afectando tanto la disponibilidad de servicios como la experiencia de los pasajeros.
● Pérdida de ingresos para los conductores: La imposición de regulaciones estrictas, nuevos costos adicionales y procedimientos burocráticos limitarían la capacidad de miles de personas para generar ingresos de manera flexible e independiente. Además, los plazos de adaptación que se establezcan podrían dejar a un número significativo de conductores sin ingresos suficientes durante un periodo crítico.
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