El brutal asesinato de trece trabajadores en un sumidero en el área de Patla ha desatado una alarmante reconfiguración del crimen organizado en la región minera de La Libertad. Este ataque espantoso no solo revela la ferocidad de los delincuentes, sino que también pone de manifiesto una creciente escalada en la violencia, destacando la ineficacia y pasividad de las fuerzas del orden y del ejército frente a estos actos criminales.
Expertos consultados por Comercio han indicado que las motivaciones detrás de los secuestradores no necesariamente se debían a la búsqueda de un rescate monetario, sino más bien a una intención de enviar un mensaje intimidante a los mineros y a las fuerzas de seguridad: «Aquí ordenamos».
Están cambiando su forma de actuar
Pedro Yaranga, reconocido experto en temas de seguridad y minería artesanal, puntualizó que en la zona del Nuevo Pueblo, donde el reciente ataque tuvo lugar, ha habido un incremento notable en la actividad minera y se observa la presencia de múltiples socios operativos. En este contexto, especificó que la compañía R&R contrata a terceros, que operan dentro de un marco formal, para la extracción de minerales en dicha área.
La situación ha cambiado drásticamente, ya que un grupo de delincuentes armados ha estado vigilando a estos mineros de R&R, sorprendiendo a los trabajadores en plenas labores. Fue en ese instante que los capturaron y los llevaron a un lugar apartado.
«Esa es la nueva modalidad que están utilizando ahora. Antes eran los ‘Parqueros’, quienes eran especializados en robar minerales a empresas artesanales y medianas, pero ahora ya no se trata solo de eso, estamos hablando de delincuentes que han modificado sus estrategias,» afirmó Yaranga.
El especialista subrayó que la mayoría de los criminales en Pataz son de la misma región y no son foráneos, a diferencia de los «Parqueros» de antaño. Señaló que han aprendido de la experiencia del tren Aragua y ahora actúan con la misma intensidad.
«Todos son criminales de la misma región, lo que significa que ya no operan en un contexto de crimen transnacional, sino como un fenómeno local. Además, están alterando su modus operandi, pasando al secuestro,» agregó.
En cuanto a las ganancias de estos grupos delictivos, Yaranga insinuó que provienen de las cuantiosas sumas requeridas para la liberación de los secuestrados. Estas cantidades son millonarias, y anteriormente, la principal meta de las pandillas en Pataz era el robo de material minero.
«Antes era inusual que exigieran dinero; su objetivo era apoderarse del material minero. Ahora han variado y piden cuatro millones por el rescate, ya no tanto oro. Para ellos, la razón es simple: robar un material minero les representa grandes sumas de dinero, por lo que esta modalidad ha evolucionado,» destacó.
En cuanto al número de captores, Yaranga estimó que suelen ser entre ocho y nueve delincuentes armados. «Actúan en clanes familiares o en grupos de amigos. Esa es su estrategia,” enfatizó.
Además, el especialista subrayó que las minas en Pataz son extremadamente peligrosas, lo que dificulta la intervención policial. En situaciones de allanamiento, los delincuentes suelen comenzar a quemar neumáticos para agotar el oxígeno, lo que puede llevar a que las fuerzas de seguridad se desmayen o incluso pierdan la vida.
Nuevas medidas, viejos problemas
Tras la masacre de los mineros, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte anunció el lunes la suspensión de la actividad minera durante 30 días en la provincia de La Libertad. Asimismo, se indicó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido excluido de cualquier persona que figure como suspendida.
Además, se implementará un toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, prohibiendo cualquier actividad en la zona durante ese lapso.
Dentro de las nuevas medidas para combatir la criminalidad y las organizaciones que operan en Pataz, el presidente también anunció la creación de una base permanente en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) en Pataz. Esta base tiene como finalidad contrarrestar la minería ilegal y el crimen organizado en la región, algo que se había solicitado de manera reiterada, pero que no había avanzado adecuadamente.
Boluarte comentó que esta base contará con personal militar y policial especializado. Sin embargo, diversas voces han comenzado a exigir un verdadero compromiso por parte del gobierno para cumplir con su promesa, indicando que, sin los recursos adecuados, tanto humanos como logísticos, será imposible lograr resultados significativos.
En una declaración a RPP, Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de Minera Poderosa, reveló que la policía nacional había reconocido previamente su falta de equipo y capacidad operativa para lidiar con los mineros ilegales que operan en las galerías subterráneas.
«Es un área en la que hay una gran presencia de mineros informales e ilegales, muchos de los cuales están respaldados por el reinflill. Existe una responsabilidad significativa para aquellos que apoyaron una extensión del Reinfo, el cual ha sido utilizado como una especie de pantalla para proteger a estos elementos ilegales. Lo que ocurre es que hay un asedio hacia las operaciones formales con el objetivo de apoderarse de ellas,” enfatizó.
Sin estrategia
Por último, el gobernador regional de Ancash, Koki Noriega, quien también preside la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), criticó la “falta de estrategia” del Ministerio del Interior (Mininter) para abordar eficazmente las organizaciones criminales.
«Estamos en una situación en la que el ministerio carece de estrategias. No tienen un rumbo claro, y lo que queremos, como regiones, es preguntar: ‘Señores, ustedes que son responsables del Ministerio del Interior, ¿cuál es su guía y estrategia para que podamos colaborar en restablecer la tranquilidad de nuestros ciudadanos?’. Pedimos al nuevo ministro del interior que nos escuche a los gobernadores, para poder trabajar juntos con los gobiernos locales,” concluyó.
