Para evitar que confiscaran su dinero
Miembros de diversas organizaciones de la policía militar y de jubilación han alzado su voz en un llamado urgente, demandando que la Vivienda militar y policial intervenga para prevenir la confiscación de los ingresos de los empleados cada mes. Esta situación ha llamado la atención de muchos, quienes consideran que es de vital importancia tomar medidas efectivas para proteger los derechos y salarios de quienes sirven a la nación.
«Solo de esta manera evitaremos la absorción de los empleados con dinero, así como la contribución actual y futura a los fondos militares y la policía militar» señalaron con firmeza. Esta declaración resuena entre quienes sienten que sus aportes y sacrificios no están siendo reconocidos adecuadamente, y que sus recursos podrían ser vulnerables si no se actúa con determinación.
Lea también:
El hombre recibe un disparo frente a su casa en Callao
En este contexto, los representantes de estas organizaciones expresaron su gratitud hacia el Ministerio Público y al jefe de la PNP en la jubilación, Alfredo Azurín Laayza, por atender sus demandas y reconocer la urgencia de la situación. Aprecian el apoyo brindado y esperan que las acciones correspondientes se implementen de manera efectiva y en el menor tiempo posible, para poder asegurar el bienestar de todos los involucrados.
Asimismo, enfatizaron la necesidad de que el retorno de las contribuciones de las viviendas militares y policiales sea garantizado específicamente para aquellos que se han jubilado y que no han sido respaldados por ningún plan en relación a estos fondos. También hicieron hincapié en que esta garantía debería extenderse a aquellos jubilados que habían tomado fondos pero que, debido a diversas circunstancias, tuvieron que cancelarlos con los intereses correspondientes.
Finalmente, afirmaron que no cargarán con la responsabilidad por un posible déficit en esta organización. En caso de que este déficit existiera, señalaron que la responsabilidad recaerá en el estado. Al respecto, subrayaron que es un derecho exclusivo del estado garantizar los fondos adecuados y proporcionar el 2% de cada efectivo militar y policial que forma parte del sistema. Esta demanda es una cuestión de justicia para todos aquellos que han dedicado su vida al servicio público.
