Uno de los grandes problemas que afecta al país es la inseguridad de los ciudadanos. Y aunque mucho se habla de este tema, poco se ha hecho para reducir el índice de violencia en el país, en algunos casos incluso a pesar de que existen recursos económicos destinados por el Estado para ello.
El último informe del Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, BCP y Capital Humano y Social SA publicado en septiembre, reveló que 1.271 personas fueron asesinadas violentamente en todo el país.
La mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 18 y 30 años que “muy probablemente se desempeñaban como transportistas en sus múltiples variantes o como trabajadores en diversas especialidades”. La gran mayoría pertenecía a los niveles socioeconómicos C y D.
Caminar por las calles o los parques ya no es tan seguro, porque los datos mostraban que la mayoría de estos delitos ocurrían allí. Excluyendo a Lima y Callao, los distritos del norte del país son los que registran las cifras más altas.
El exministro del Interior Carlos Basombrío señaló que una de las cosas que se observa es que estos asesinatos ocurren en mayor número en zonas donde hay o están cercanas a minería ilegal.
Para el experto, es necesario crear condiciones adecuadas para fortalecer la inteligencia y las investigaciones criminales para combatir este flagelo. Además, es necesario mejorar las capacidades de inversión, fortalecer los equipos profesionales y adquirir la mejor tecnología.
«Si queremos tomar medidas preventivas para crear condiciones menos favorables para la delincuencia, por ejemplo, el robo, el papel de los municipios y las autoridades regionales es importante. Por ejemplo, pueden iluminar las calles, el diseño urbano, así como la presencia de servicios de seguridad», dijo.
añadió.
Sin embargo, señaló que la lucha contra el crimen organizado requiere del Gobierno central y del Ministerio del Interior.
«Creo que una coordinación fundamental en la lucha contra el crimen organizado es la que debe existir entre la policía y el Ministerio, pero lamentablemente en el Perú esa coordinación no está por el tema político», enfatizó.
GASTO PÚBLICO
El presupuesto para proyectos de inversión en orden interior y seguridad registra un avance general del 77,7%, pero los gobiernos autónomos locales tienen un avance promedio de sólo el 69,4%.
Algunos distritos, aunque estamos en diciembre, no ven ningún progreso, mientras que otros simplemente no tienen los fondos para ello. Sin embargo, para el exministro de Economía y Hacienda, David Tuesta, un salario más alto no siempre significa mayor calidad.
«En algunos casos no se incluye el presupuesto para estos fines porque no son una prioridad para las autoridades. Otro tema es la capacidad de ejecución de estas instituciones», comentó.
Según explican, hay municipios que pagan la totalidad del recurso asignado; Sin embargo, el proyecto no es el más adecuado ni cumple con los propósitos necesarios.
«El Estado debe ser un socio en la lucha contra la inseguridad, pero no existe una institucionalidad, una estrategia o una función pública que identifique la corrupción. También hay una alta rotación de funcionarios, lo que afecta la continuidad de las políticas públicas», asegura. Para cambiar eso, señaló que es necesario reformar el Estado y fomentar el ingreso de buenos funcionarios a las instituciones.
Recibe tu Perú21 vía email o WhatsApp. Suscríbase a nuestro boletín digital enriquecido. Aprovecha los descuentos aquí.
VÍDEO RECOMENDADO
