La última radiografía de la percepción realizada por Ipsos como parte de CAD 2025que reúne este año a líderes empresariales en Lima, muestra que en este importante sector se nota un aumento en la preocupación por la inseguridad. Pero no sólo eso, la inseguridad afecta directamente el desarrollo económico del país.
Desde una perspectiva empresarial, la ola de criminalidad se traduce directamente en contabilidad: mayores costos de seguridad privada, sistemas de control, personal adicional y medidas preventivas que aumentan los costos operativos y reducen los márgenes.
Una de las principales conclusiones del informe Ipsos afirma que la delincuencia y el crimen organizado son una gran preocupación. La lucha contra la inseguridad es el principal requisito para reactivar las inversiones y la reforma más urgente que se requiere.
Este panorama fue uno de los ejes centrales del debate en Ejecutivos del CADE 2025: líderes empresariales y analistas exigen que se restablezca el Estado de derecho como condición previa para la inversión y que se frene la «fuga» de actividad económica hacia áreas de menor riesgo.
La encuesta, encargada por el IPAE e interpretada por Ipsos, proporciona evidencia cuantitativa para justificar políticas urgentes –no sólo reformas institucionales represivas, sino integrales– para frenar el costo económico de la inseguridad y restaurar la seguridad para las empresas y los ciudadanos.
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