Después de la visita del Contralor, los informes de estos hechos se presentaron al Síseve, pero fuera del término legal de 24 horas, lo que obstaculizó aún más el monitoreo institucional oportuno.
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Este caso muestra un problema: aunque la violencia sexual se ha identificado en las aulas, no siempre se registra o investiga formalmente.
Una base de datos entregada por el Autoridad Nacional del Servicio Civil (servar) Revela que entre 2015 y junio de 2025, el estado ha registrado 2.885 condenas penales por delitos sexuales cometidos por servidores públicos. Todos los casos están en el Registro nacional de sanciones contra servidores civiles (RNSSC) y tener una oración consensuada o ejecutada.
Es decir, en promedio, alrededor de 269 servidores públicos por año fueron condenados por delitos sexuales.
Para saber cuántos de estos condenados pertenecían al campo educativo, Ecdata Solicitado para servir, a través de la Ley de Transparencia, el número de maestros y personal educativo del Ministerio de Educación (MINEDU) y la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suedu) que, entre 2015 y 2025, habría sido condenado por delitos sexuales.
La respuesta oficial fue que «no es posible […] Porque las sanciones registradas solo contienen los datos personales del número de resolución condenado, descripción del delito y el período de validez del registro ”.
Esto significa que el estado no puede identificar a los agresores específicos del sector educativo, de modo que no se puede monitorear que, eventualmente no se vuelvan a insertar en espacios educativos, por ejemplo, privados.
Todos los sancionados registrados perdieron la capacidad de ejercer un cargo público. La base analizada incluye condenas por los crímenes más graves del Código Penal Peruano, como el tacto y los actos libidinosos para menores, una violación menor, violación sexual, entre otros.
| Artículo | Crimen tipificado | Aplicar solo a menores | Número de caso estimado (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 173 | Violación sexual en un menor | Sí | 1648 |
| 176-A | Contabilidad y actos libidinosos a menores | Sí | 957 |
| 170 | Violación sexual (sin especificar la edad) | Parcial | 170 |
| 172 | Acceso carnal con engaño (puede ser adulto o menor) | Parcial | 110 |
Más víctimas menores
En Perú, más de 3.000 escolares informan cada año alegadas situaciones de abuso sexual en el aula, según el portal de Esshve. Y aunque el registro criminal es un avance, la opacidad institucional permite a los agresores condenados pasar desapercibidos y puede reintegrarse en entornos escolares.
Más del 90% de los casos incluidos en el Registro Nacional de Sanciones contra funcionarios públicos Corresponden a crímenes contra niños y adolescentes. La mayoría de las sanciones (más del 85%) se tipifican bajo la cifra de descalificación definitiva para ejercer la función pública. Es decir, los autores fueron retirados del cargo y pueden no ocupar ningún puesto en el estado. Pero no hay certeza sobre si la posición implica el contacto directo con menores.
El análisis también muestra un aumento sostenido en los registros desde 2015. Solo entre 2021 y 2024, se registraron casi el 50% de las sanciones totales. El año 2025, que todavía no concluye, ya acumula más de 33 casos.
La lentitud de los procesos
En 2024, Síseve alcanzó un récord de 3 942 informes de violencia sexual en instituciones educativas. Sin embargo, solo 300 casos terminaron en una oración formalmente registrada en el Registro Nacional de Sanciones contra funcionarios públicos. En ese sentido, solo el 7.6% de las quejas de violencia sexual escolar se habrían completado en una sentencia final con la descalificación del agresor. El 92% restante de los casos aún está bajo investigación, fueron presentados, desestimados, no judicializados o no han completado el proceso.
En 2023 sucedió algo similar: Síseve reportó 3.517 quejas. Sin embargo, solo 437 casos terminaron en una sentencia firme registrada en el RNSSC, a cargo de servir. Esto significa que solo el 12.4% de las quejas culminaron en una sentencia ejecutada con descalificación del agresor para ejercer un cargo público.
La aspiradora de control institucional
No solo las cifras de oraciones son alarmantes, sino la incapacidad del estado para rastrear la posición, la institución o el sector al que pertenecía el agresor. La base no permite saber cuántos de ellos eran profesores iniciales o primarios, maestros universitarios, personal de apoyo educativo o directores de escuelas.
Tampoco hay, a través de este registro, saber si el incidente ocurrió en una escuela, universidad, centro de salud, iglesia, policía, institución militar u otra entidad estatal.
La información entregada por servir revela la existencia de violencia sexual dentro del estado, pero también muestra las limitaciones del sistema para proteger a las víctimas más vulnerables: los niños. En ausencia de interoperabilidad entre bases de datos, Perú aún no sabe cuántos agresores sexuales han pasado por sus aulas.
