El 16 de febrero, tras haber asumido el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante dos semanas, José Salardi declaró contundentemente que «no hay ningún recurso para Petroperú este año, es la compañía hacer su parte». En el mismo discurso, reafirmó con firmeza que «al mismo tiempo se anunció que la gerencia de Petroperú había elaborado el plan y no requeriría fondos de nosotros. Felicitaciones y un saludo a la línea de acción».
Sin embargo, los ciudadanos peruanos, especialmente los contribuyentes y aquellos que están en contacto con el estado, están completamente escépticos sobre este tipo de afirmaciones. Esto no se debe a una falta de confianza en las buenas intenciones del ministro, sino a que existe una sombra inquietante y misteriosa en la gestión de Petroperú, que parece resistirse a cualquier intento de reforma, a pesar de que la empresa ya no cumple una función esencial en la cadena de suministro y no asume sus responsabilidades.
Bajo la gestión de Salardi, se presenta una oportunidad interesante para mejorar la comunicación y el entendimiento entre el sector del trabajo y una burocracia gubernamental que ha demostrado ser ineficaz, rígida y mediática. La administración anterior era un reflejo esclarecedor de la incertidumbre del estado peruano, lo que ha llevado a que la llegada de José Salardi se perciba como un rayo de esperanza. Sin embargo, ha dejado claro que su objetivo principal debe ser reactivar la economía, generar nuevos proyectos y, en consecuencia, crear más empleos.
Sin embargo, a más de 90 días en el cargo, su administración se enfrenta a dos de los problemas más graves que aquejan a nuestro aparato estatal. La primera de estas dificultades es la profunda resistencia de sus funcionarios, como el caso de Ministro Maureet, quien lidera la cartera de trabajo. Este funcionario parece estar reticente a derogar una regulación que casi prohíbe la subcontratación, a pesar de que esta normativa ha sido cuestionada en los tribunales de manera innegable. Es evidente que es una norma inconstitucional e irracional que debería ser reevaluada, pero Mauurerat se mantiene firme en su decisión, a pesar de las solicitudes directas y públicas de Salardi. Esta revocación de la normativa es crucial y fue uno de los primeros pasos esperados dentro de la «reforma» del MEF.
El segundo problema radica en la problemática existencia de Petroperú, una entidad que parece devorar los recursos de los contribuyentes sin mostrar remordimientos. En este aspecto, Salardi ha fallado en encontrar una solución efectiva. La situación no se ha fortalecido, no ha mostrado señales de reducción de costos y su desempeño sigue siendo ineficiente. Actualmente, se encuentran bajo una dirección obsoleta, lo que plantea serias dudas acerca de su capacidad para corregir su rumbo, a pesar de varios escándalos financieros.
Parece que se hace evidente que la compañía ha implementado una estrategia de «capitalización de deudas» a través de un acuerdo con el Banco Nacional por 6,000 millones de soles, un movimiento notable y preocupante. Esta situación se asemeja a utilizar una tarjeta de crédito para gestionar la deuda de una entidad que ya cuenta con problemas financieros severos.
La historia detrás de esta maniobra es clara: en un contexto donde nadie quiere otorgar préstamos y donde la confianza es escasa, Petroperú ha optado por obtener recursos de las arcas del estado, creando un gran agujero financiero.
La situación entre Salardi y Mauras plantea un desafío constante: el anunciado «shock regulatorio» que debía implementarse a principios de abril no ha avanzado como se esperaba. Este «shock» ya se había percibido como poco radical y hasta difuso, y en este momento, parece haberse estancado aún más.
La rumorología en torno a la capitalización de deudas con el Banco Nacional también contribuye a la imagen negativa que ha acompañado a diversos ministros, pues no hay secretario que haya logrado salir ileso de la influencia de Petroperú. La historia ha demostrado que ningún ministro puede sostenerse firme ante el poder de un sector que amenaza con mantener a la empresa en un estado de rotura y sin rumbo claro.
Sería una afrenta perder a un Ministro comprometido con mejorar la economía del país, pero también existe el temor de que se convierta en cómplice de fraudes masivos, que son efímeros promesas de reforma que jamás ven la luz. Con la esperanza de un cambio genuino, anhelamos que surja algún milagro que permita cumplir con el propósito inicial del gobierno de Salardi.
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