Durante los ocho días transcurridos desde que se denunció el secuestro de 13 trabajadores en Pataz hasta que se confirmó su asesinato por medio de un envío clandestino, el gobierno de Dina Boluarte ha mostrado una respuesta muy limitada, marcada por el escepticismo respecto a la veracidad de las noticias que llegaban. Solo hasta el lunes pasado, tras el hallazgo de los cuerpos con signos evidentes de brutalidad, el presidente anunció una serie de medidas para combatir la minería ilegal en la provincia. Sin embargo, de las dos acciones anunciadas que están directamente relacionadas con las actividades mineras, hasta el momento no se han ofrecido detalles claros sobre su implementación.
Aparte de la implementación de un toque de queda y la futura creación de una base militar en Pataz, la región de La Libertad ha estado bajo estado de emergencia durante los últimos 14 meses. En esta ocasión, el ejecutivo también anunció la suspensión de actividades mineras durante 30 días y la exclusión de personas naturales y jurídicas que tienen una condición «suspendida» en el Registro de Formalización Minería Integral (Reinfo) en toda la provincia. No obstante, hasta el cierre de esta nota, no se habían especificado cómo se llevarían a cabo estas iniciativas desde un punto de vista logístico.
En Pataz, las anchoas se pueden encontrar en todas partes. La imagen también muestra una maquinaria minera. Fotos: Mathías Panizo/GEC
/Para tener una noción del problema en cuestión, se ha informado que en la zona hay al menos 450 bocaminas ilegales identificadas y georreferenciadas, según fuentes de este periódico. Estas bocaminas sirven como accesos a los túneles clandestinos donde operan delincuentes que ingresan a las concesiones mineras para extraer oro ilegalmente o secuestrar trabajadores con el fin de apropiarse del material extraído.
Este material es transportado fuera de Pataz en camiones volquete que se dirigen a plantas de procesamiento dentro de la misma región, así como a Ica o Arequipa. Durante el año 2024, solamente desde las concesiones de tres operadores mineros formales en el área (Poderoso, Horizon y Marsa), 11,000 de estos vehículos han salido, ninguno de ellos perteneciente a estas compañías. Esto se traduce en un promedio de 30 camiones diariamente transitando medio país sin contratiempos. Un informe del periódico de febrero de 2024 señaló que el promedio en ese momento era de 22 camiones volquete por día, cuestiones que sugieren que pese a los diversos ataques ocurridos el año previo, e incluso el hallazgo de un pozo con 15 cadáveres en Pataz, las acciones tomadas por el gobierno no han logrado enfrentar este problema de manera efectiva.
La cerca en el fondo fue instalada por potente para evitar que los mineros o parkers ilegales accedieran a las operaciones de la minera. Las rocas son negras por el humo, así como el agua en el suelo, cubiertas con restos gruesos.
/Recientemente, el Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, aclaró que la suspensión de actividades mineras no implica a las compañías formales, que suman más de 200 en la provincia que abarca la pequeña minería y la minería artesanal. «La suspensión es por 30 días mientras las fuerzas armadas y la policía toman el control del territorio y comienzan su labor de búsqueda y captura de criminales y organizaciones criminales», expresó en televisión Perú. En relación a los registros suspendidos de Reinfo, cuyo registro es responsabilidad de su sector, no proporcionó mayores detalles.
Para Nicolás Zevallos, fundador y director del Instituto de Criminología, aunque la suspensión se solicitó por parte del sector minero, la forma en que se llevará a cabo sigue siendo incierta, especialmente teniendo en cuenta las limitaciones logísticas. En Pataz existen 1.291 inscripciones en Reinfo, de las cuales 530 están activas y 761 son suspensiones. «El debate radica en quién lo supervisará y de qué manera. No existe una capacidad operativa que permita monitorear la situación. La supervisión está a cargo del sector energético y de minería, además de los gobiernos regionales, no de la policía», explicó.
En 2024, el Congreso aprobó expandir el reinflill durante seis meses hasta junio de 2025 con la posibilidad de extenderlo hasta diciembre. (Foto: Andina)
En conversación con este periódico, Zevallos enfatizó que concentrar los esfuerzos en la interdicción policial de bocaminas resulta en un desgaste operativo considerable, dado que hay cientos de áreas para intervenir. A pesar de la llegada de 800 policías y personal militar a Pataz para operaciones de interdicción en abril pasado, solo 20 bocaminas fueron efectivamente atacadas.
Problema de fondo
La realidad es que los especialistas consultados por Comercio sostienen que las acciones anunciadas por el gobierno son meramente provisionales y no impactan la cadena de producción ilegal. Zaraí Toledo, investigador en economías informales, especialmente en minería, afirma que la exclusión de los registros suspendidos de Reinfo carece de relevancia, puesto que las organizaciones delictivas pueden usar registros activos o incluso obtener nuevos. Las investigaciones previas han demostrado que los camiones que transportan productos ilegales son trasladados a diversas regiones con documentos formales, ya que los mineros con refuerzos activos son parte de la cadena, vendiendo guías de remisión a ilegales o siendo extorsionados por ellos.
“Lo que se logrará será buscar otros testaferros para registrarse nuevamente y, por lo tanto, continuar en el negocio. El reim se ha convertido en el refugio para legitimar actividades ilegales. Al inicio, tuvo una premisa prometedora, pero sin un adecuado acompañamiento, monitoreo y vigilancia, se transformó en un escudo contra las interdicciones”, explica Toledo. A su juicio, es más urgente crear un sistema de inteligencia efectivo que analice las conexiones entre los financistas, las armas criminales y los elementos políticos que permiten su continuidad. Asimismo, es esencial brindar un acompañamiento real a los pequeños mineros que buscan formalizarse y que ahora mismo están desplazados, coaccionados o amenazados por grupos criminales.
«Es crítico repensar la economía del oro. Todo el marco legal en Perú se centra en quienes extraen el mineral, quienes son el eslabón más vulnerable, pero el enfoque más sostenible para atacar el problema es identificar a quienes generan mayores ganancias, desde las plantas de procesamiento que tienen un control casi nulo hasta las joyerías en Lima y el mercado negro internacional.« agrega el especialista.
En consonancia con esto, Zevallos advierte que sin acciones coordinadas, no será posible abordar el problema efectivamente. Él resume la incertidumbre con estas preguntas: «¿Cuántos expedientes fiscales de organizaciones criminales se han desarrollado hasta hoy? ¿Cuánto trabajo de inteligencia se ha realizado? ¿Se han identificado cuentas bancarias, propiedades y activos de las organizaciones que operan en el área? ¿Cuál es el control sobre las rutas y explosivos?
El Reinfo, creado en 2017, ha tenido múltiples extensiones en su tiempo de validez. La última de ellas, aprobada en noviembre del año pasado por el Congreso en medio de críticas severas, permitió una extensión de seis meses hasta junio de 2025, aunque con la posibilidad de una nueva prórroga por parte del ejecutivo. Esta decisión, respaldada por 87 congresistas, evidencia las influencias políticas de los mineros informales que utilizan el Reinfo como un escudo para operar sin ser molestados, en un negocio ilícito que genera cerca de 6 mil millones de dólares anuales. Un estudio de Videnza estima que apenas el 2.3% de los aproximadamente 90,000 mineros registrados lograron formalizarse en los últimos siete años. Además, una investigación de Comercio reveló que algunos mineros con investigaciones fiscales cuentan, sorprendentemente, con entre 10 y 77 registros activos.
