La situación de la seguridad en Perú ha llevado a que la MP Katy Ugarte, del Bloque magistral, presente una propuesta legislativa crucial. Esta propuesta, formalmente registrada como el proyecto de ley no. 11072/2024-cc, tiene como objetivo transferir a aquellos residentes peligrosos del país a prisiones en El Salvador. El propósito de este acuerdo internacional con El gobierno de Salvador es abordar de manera efectiva la creciente preocupación por la seguridad pública en Perú.
En esencia, esta iniciativa legislativa está enfocada en combatir la escalada de la inseguridad que afecta a los ciudadanos peruanos. La propuesta se centra particularmente en aquellos residentes que han sido condenados por delitos graves, tales como extorsión, chantaje y asesinato. De acuerdo con el documento presentado, el traslado de estos prisioneros a El Salvador no solo permitiría mantener un control más efectivo sobre los delincuentes, sino que también fortalecería la seguridad interna en las prisiones peruanas al disminuir el riesgo de disturbios, fugas y otros actos de violencia que han sido una constante preocupación en los centros penitenciarios.
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De acuerdo con el contenido del proyecto, se establece que Perú seguiría siendo el ente responsable de la autoridad legal de las sentencias. Esto implica que cualquier modificación, revisión o implementación de las decisiones judiciales seguiría bajo la responsabilidad de Sabiduría en Perú. Además, se menciona que tanto Perú como El Salvador deberán ajustar su legislación y establecer las medidas administrativas necesarias para que las sentencias dictadas en Perú mantengan su validez en el país de acogida.
El enfoque que presenta este proyecto no solo es pragmático, sino que también busca mejorar la calidad de vida dentro de las instalaciones penitenciarias en Perú. Ugarte defiende la idea de que dicho acuerdo no solo serviría para fortalecer la colaboración internacional en temas de seguridad y justicia, sino que también enviaría un mensaje claro sobre el compromiso de ambos gobiernos en la lucha contra el crimen organizado, un asunto que cada vez es más crítico para la estabilidad social y económica de la región.
Además, el proyecto detalla que la ejecución del acuerdo recaerá en el Gerente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estas entidades serán las encargadas de gestionar todos los aspectos del acuerdo bilateral, que incluyen la coordinación del transporte de los residentes peligrosos y la supervisión de los términos acordados para asegurar que se cumplan las expectativas y necesidades de ambos países de forma eficaz.
