En un esfuerzo coordinado llevado a cabo por la dirección contra la corrupción del Policía nacional de Perú (PNP) y la fiscalía, se ha desmantelado una red criminal relacionada con un caso de envenenamiento masivo que afectó a 23 escolares en marzo de este año en el distrito de Cabana, en la provincia de San Román.
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Uno de los nombres que han surgido con mayor relevancia en esta investigación es Ronald Loza Machicao, un funcionario de la Dirección de Salud Regional (Diresa) de Puno, quien fue capturado en el Auromar Inn Hotel, que se encuentra en la Avenida El Sol de la ciudad de Puno. Su captura no solo marca un momento crucial en esta pesquisa, sino que también llevó a un registro de sus propiedades vinculadas, incluyendo una ubicada en la urbanización de Las Colonial III, en el distrito de Paucarpata, en la región de Arequipa.
De acuerdo con el Ministerio público, se sospecha que Loza recibió sobornos provenientes de la empresa proveedora Saco de Frigoinca. El objetivo de dichos sobornos era modificar los resultados de un análisis microbiológico de un producto conocido como Fish Fish Don Simón, que es distribuido a través del programa estatal Qali Warma. Este acto corruptionista tenía como finalidad encubrir la contaminación del alimento y redirigir la culpa hacia la supuesta ingesta de agua en mal estado, lo cual afectó a los escolares involucrados.
Las pesquisas han esclarecido que depósitos de dinero realizados por Noemí Alvarado, una trabajadora de Frigoinca, fueron transferidos a la cuenta personal de Loza. Esto refuerza la teoría de que existía una red de corrupción operante dentro del sistema de salud regional, diseñada para proteger los intereses de la compañía. El dueño de Frigoinca, Nile Burga, falleció recientemente y su muerte se encuentra bajo investigación, lo que añade un misterio adicional a este complejo caso.
El escándalo se desató en marzo de 2024, cuando al menos 23 menores se intoxicaron después de consumir productos enlatados que fueron suministrados por Frigoinca en el Instituto Educativo de Gamaliel Churata en Cabana. Los estudiantes afectados recibieron atención médica en el Hospital Carlos Monge Medrano, y el inicio de la investigación generó una profunda alarma sanitaria a nivel nacional.
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Las operaciones realizadas esta semana fueron ejecutadas bajo un estricto secreto judicial. Sin embargo, la oficina del fiscal sostiene que Loza manipularía o influiría de forma directa sobre informes de salud para evitar sanciones contractuales y administrativas a Frigoinca, garantizando así su continuidad en el programa de alimentación escolar.
Esta operación revela un panorama alarmante de corrupción que compromete la seguridad alimentaria de los menores y es parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar redes criminales que operan bajo la fachada de proveedores estatales. Las investigaciones están en curso, con el objetivo de identificar a otros individuos involucrados y establecer el alcance total de los delitos cometidos.
