Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMP) emitió un fuerte pronunciamiento tras la aprobación, en la Comisión de Energía y Minería del Congreso, de un dictamen que autoriza la quinta ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinformar).
Según el sindicato, esta medida no sólo perpetúa un sistema que no ha logrado su objetivo, sino que también se ha convertido en una herramienta utilizada por los mineros ilegales para protegerse y operar sin control en diferentes puntos del país.
El dictamen, que se debatirá en el pleno de esta semana, prevé la suspensión temporal de los procedimientos administrativos de exclusión de Reinfo, tanto los ya iniciados como los nuevos. Esta suspensión se mantendrá hasta la entrada en vigor de la futura Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (ZSM) o hasta que concluya el proceso integral de formalización de la minería. Un plazo indefinido que, según la SNMPE, demuestra una falta de voluntad política para adoptar una verdadera ley que organice y controle el sector.
La SNMPE afirmó en su comunicado que la ampliación del Reinfo ha demostrado ser un verdadero mecanismo de formalización, pues su uso se ha visto minado por la minería ilegal, que aprovecha el registro para operar bajo la falsa apariencia de legalidad.
Suspender los procedimientos de exclusión, dicen, elimina el único medio del Estado para hacer cumplir las regulaciones ambientales, proteger el patrimonio cultural, prevenir la invasión de concesiones mineras y sancionar el incumplimiento que plantea graves riesgos para las comunidades y el ecosistema.
«El intento de legalizar actividades ilegales impidiendo al Estado ejercer su función de control, supervisión y sanción es completamente nocivo», afirma el sindicato, advirtiendo que la minería -por su naturaleza e impacto- requiere un control inmediato y riguroso.
La SNMPE, refiriéndose a informes del Ministerio de Energía y Minería, recordó que hasta noviembre pasado se mantenían vigentes 22.935 Reinfos, pese a que muchos de ellos no están relacionados con ninguna actividad minera real, están duplicados o están en evidente incumplimiento normativo.
Para el sindicato, seguir ampliando el registro sin limpiar ni verificar quién realmente quiere formalizarse significa confirmar actividades ilegales y debilitar aún más la gobernabilidad en las regiones afectadas por la minería ilegal.
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