En la sesión la república
Pedro Castillo fue destituido de su cargo como presidente de la república en diciembre de 2022, tras un intento cuestionado que ha llevado a su procesamiento por parte del Ministerio Público, específicamente bajo las acusaciones de Sabiduría por los delitos de rebelión, abuso de poder y la grave alteración del orden público. A pesar de que Dina Boluarte no enfrenta, por el momento, ningún impedimento legal que le impida demandar un lugar en La asamblea de la república, esta situación representa serios riesgos e incluso la posibilidad de un deterioro significativo del sistema democrático del país.
En vista de esta crisis, el representante de la bancada de renovación popular, Alejandro Muñante, ha expresado su preocupación señalando que el suborgemento Asamblea de acusaciones constitucionales (SAC), liderado por la presidenta de la Legislatura, Mary Acuña Peralta, está en el proceso de presentar una queja constitucional en contra de Castillo. Esta queja se basa en el intento del exmandatario de quebrantar el estado de derecho, lo que podría llevar a que se le impida ocupar cualquier cargo público durante un periodo de 10 años, situación que también podría bloquear su posibilidad de candidatura en las elecciones programadas para 2026.
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El legislador Muñante afirmó que es «más que prominente» que Castillo se encuentre bajo la custodia de la prisión de Barbadillo, lo que dificulta su interacción con la legislatura. Explicó que «hay personas que lo llevaron al Congreso y, aunque luego se dividieron y diferenciaran,» algunos aún apoyan su visión de dictador y comunista, defendiendo su poder. Agregó que se reunirá con Acuña la próxima semana para agilizar el proceso relacionado con la queja presentada.
Asimismo, Muñante enfatizó que es «arriesgado» que Castillo se postule nuevamente, dado que un juicio todavía se está llevando a cabo en el sistema judicial por los mismos hechos. Señaló que esta situación «no acabaría bien» y que desde ambos frentes, los procesos se han retrasado considerablemente. En este contexto, el abogado constitucional Erick Urbina, quien también es docente universitario, advirtió que sin un fallo final y una descalificación judicial, Pedro Castillo podría asistir a futuras sesiones. Explicó que «solamente fue desestimado por el Parlamento debido a incapacidades morales. No hay acusaciones constitucionales que han sido finalmente elegidas por el MP, incluso podrían presentar acciones de amparo y solicitar que el intermediario del Tribunal de Derechos Humanos le permita asistir,» concluyó este experto en derecho.
