La medida fue aprobada por 97 votos a favor y permite a los extranjeros correr sin necesidad de juicio.
Con un total de 97 votos a favor, la Asamblea de la República aprobó el miércoles 14 de mayo reformas legales fundamentales que permiten la expulsión inmediata de ciudadanos extranjeros que se encuentren en situaciones legales complicadas. Esta decisión fue adoptada sin esperar a una evaluación judicial estable, lo cual genera un punto de controversia en el ámbito jurídico.
Este cambio normativo promete transformar el sistema actual, dejando de lado otra votación relacionada y encaminando la iniciativa a Comisión para su análisis y presentación. Como se menciona en una declaración de un miembro de la asamblea, la medida tiene como propósito primordial fortalecer la seguridad de los ciudadanos, la cual ha sido gravemente afectada en los meses recientes debido a un aumento en la criminalidad.
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Las reformas legales son una respuesta directa a las crecientes inquietudes de la sociedad respecto a la delincuencia cometida por extranjeros en el territorio nacional. Según las últimas encuestas, un notable 95 % de los ciudadanos participantes expresaron su respaldo a la expulsión inmediata de aquellos que cometen delitos en el país. Este respaldo generalizado se produce ante una demanda intensa por medidas más contundentes y efectivas en medio de la sensación de inseguridad que permea a la población.
En virtud de esta nueva disposición aprobada por la Asamblea de la República, se establece que un juez puede ordenar la expulsión inmediata de un extranjero cuando se le detecta cometiendo un delito. En estos casos, la persona expulsada podrá enfrentarse a consecuencias severas, incluyendo la prohibición de regresar al país siempre que exista una condena que valide dicha expulsión. Además, existe la posibilidad de que sus bienes sean incautados para cubrir sanciones civiles, las cuales se aplicarían en beneficio del estado o de las víctimas del crimen.
Un aspecto crucial de estas nuevas regulaciones es que no solo se busca hacer efectivo el proceso de expulsión, sino que también se permite la reparación del daño ocasionado por el delito. La ley subraya que las reclamaciones por estos daños civiles no estarán sujetas a prescripción, lo cual asegura que las víctimas tengan la oportunidad de recibir la compensación apropiada. Esta medida busca no solo actuar de forma punitiva, sino también reparadora, balanceando así la balanza de justicia para aquellos que han padecido las consecuencias de la criminalidad.
