Esta decisión tuvo lugar después de que las autoridades nacionales usaron evidencia malvada de la justicia brasileña.
El Oficina Nacional de Brasil ha tomado la drástica decisión de detener la cooperación legislativa internacional con Perú en los casos relacionados con la Acción de lava jato. Esta acción se refiere, en particular, a la implicación de la empresa constructora Odebrecht, cuyo nombre actual es Novonor. Según informa O Globo, la decisión fue impulsada por el uso de pruebas que habían sido declaradas inválidas por la justicia en Brasil, lo que generó una serie de complicaciones legales y políticas en la región.
El fiscal José Domingo Pérez, quien es integrante del Equipo especial de lava jato, ha expresado que el trabajo realizado respecto a la evidencia obtenida para los procesos que involucran a la empresa constructora Odebrecht se verá profundamente afectado. En su declaración, Pérez enfatizó que la legalidad y la validez de las pruebas son pilares fundamentales en cualquier proceso judicial, especialmente en temas tan delicados como este.
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Desde la perspectiva del Público, hay un empeño constante por defender la evidencia que ya se encuentra en el país. Esta evidencia ha sido presentada ante los jueces, quienes a su vez han emitido diversas condenas. En varios de los casos ya hay acusaciones formales, y se está a la espera de los veredictos correspondientes. Asimismo, están aquellos casos que aún requieren la formulación de las acusaciones pertinentes. Pérez ha manifestado que desde el Ministerio Público se tiene la firme intención de respaldar el trabajo realizado hasta la fecha en el ámbito de Lava Jato, mostrando una clara defensa de la justicia y la transparencia.
La causa principal que ha motivado la suspensión de un acuerdo de cooperación internacional es, entre otros factores, el uso inapropiado de evidencia obtenida. En este contexto, las pruebas se emplearon en procedimientos que no correspondían a los fines para los cuales fueron solicitadas, lo que contraviene los Principios de especialidad. Esta situación ha complicado la relación y la comunicación entre Brasil y Perú.
Adicionalmente, se ha señalado que la evidencia obtenida a través del acuerdo de mitigación — que permite a las empresas reducir sanciones — fue utilizada por el Público en Perú en un arbitraje sin contar con el consentimiento previo de Brasil. Este aspecto resalta la falta de claras comunicaciones y acuerdos entre ambos países. A pesar de que este asunto ha estado vigente desde noviembre de 2022, Perú hasta la fecha no ha proporcionado explicaciones suficientes respecto a estas alegaciones de violación a los protocolos establecidos.
