Minjusdh contribuye a mejoras legales que permiten a INPE y PNP acceder a equipos otorgados en multas, recaudación de impuestos previa.
El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Derechos Humanos, conocido como Minjusdh, han presentado una iniciativa legal que promete revolucionar la forma en que las autoridades abordan el crimen organizado desde el interior de las cárceles. Esta nueva reforma permitirá a los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) acceder al contenido de teléfonos móviles que han sido incautados en los centros de prisión, lo que representa un avance significativo en los esfuerzos por combatir las actividades delictivas que se generan tras las rejas.
Esta importante medida fue aprobada durante la última sesión del Consejo de Ministros y se considera un paso fundamental en las estrategias para desmantelar las redes de extorsión, así como las operaciones de secuestro y otras formas de criminalidad que operan desde el interior de las prisiones. Con la implementación de esta reforma, se busca dar una respuesta más efectiva ante el desafío del crimen organizado que ha encontrado en el sistema penitenciario un espacio propicio para perpetrar delitos.
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El proyecto de ley modifica de manera significativa el Código de Caso Penal, permitiendo el acceso a teléfonos móviles siempre que se cumpla con la recaudación de impuestos previa. Además, establece estrictas normas para la confidencialidad y el manejo de la información obtenida, lo que tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas en los procedimientos.
El Ministro de Justicia, durante su intervención en el Parlamento, expresó que «este dispositivo fortalecerá el ingenio criminal y protegerá a la comunidad», enfatizando la importancia de estas reformas en el contexto actual del sistema de justicia y seguridad en Perú.
Estas reformas son parte de un plan más amplio que busca abordar la emergencia del sistema penitenciario y se inscriben dentro del marco de reestructuración del INPE previsto para el año 2030. Se incluye, dentro de este marco de reformas, la instauración del artículo 37-C en el código penal, el cual regulará el procedimiento necesario para garantizar y respetar los derechos humanos fundamentales, incluso en contextos donde la seguridad es una preocupación primaria.
Los expertos en seguridad han expresado su apoyo a esta iniciativa, que ahora será discutida en el Parlamento. Las proyecciones indican que, si se implementa adecuadamente, esta reforma podría resultar en una disminución de hasta el 40% en el crimen que se comete desde el interior de las cárceles, impactando no solo a los internos, sino también a los empresarios y las familias de los residentes penitenciarios que enfrentan extorsiones.
