Telefónice del Perú (TDP) ha suscitado una profunda controversia respecto al valor de la operación, que alcanzó apenas un millón de dólares. Esta situación ha generado una indignación considerable entre los acreedores. La tensión se ha intensificado tras la decisión de los nuevos propietarios de modificar la solicitud de bancarrota, lo que ha limitado las capacidades del administrador para negociar sus préstamos. En este contexto, las AFP y los fondos de pensiones, que representan a más de 9.9 millones de miembros, se encuentran entre las partes más influyentes y preocupadas por la situación.
Adrián Simons, representante legal del acreedor, ha confirmado a Peru21 que se ha presentado una solicitud de un AMPARO para proceder sin que ello repercuta en el proceso de venta de TTP Telefónica Hispanoamérica a Integra Tec. Uno de los argumentos de Simons es que «la operación se llevó a cabo a un precio irrisorio y de forma incorrecta, lo cual representa un abuso de derecho en la transferencia de las tiendas».
Asimismo, se ha mencionado que el comprador, el CEAC, constituyó un mes antes de la transacción en Panamá como una entidad fiscal, con un capital de solo $10,000; lo que genera dudas sobre su experiencia y capital suficiente para gestionar una compañía de telecomunicaciones.
La demanda de AMPARO ha sido reconocida dentro del proceso en el Décimo Tribunal Constitucional Permanente, que será el encargado de decidir la legalidad de la venta de la compañía de telecomunicaciones. Ni la supervisión de la Bolsa de Valores, ni Indekpi, Nitistela, ni otras instancias han hecho público su posición sobre esta operación.
El TDP no ha respondido a nuestras solicitudes de entrevista para obtener más información sobre el tema.
¿Oportunidad?
Simons ha indicado que la falta de transparencia en esta operación puede estar relacionada con las fechas en las que TDP comunicó al mercado sobre la venta de la empresa y sus procedimientos de quiebra. En febrero de este año, TDP solicitó procedimientos de bancarrota ordinarios, aplicables a empresas que enfrentan crisis financieras y que se encuentran en estado de insolvencia. A través de este proceso, la Junta de Acreedores tiene la facultad de evaluar la viabilidad de asegurar el pago de sus préstamos, bien sea a través de la reestructuración de patrimonio del deudor, o aprobando la liquidación de la compañía si es necesario.
Sin embargo, el 13 de abril, durante el mismo proceso, Telefónica Latinoamérica anunció la venta de TDP; y antes de que culminara la semana, el nuevo propietario ajustó la solicitud de procedimientos de quiebra, que estaban bajo la supervisión de Indecopi para problemas de liquidez, aunque no de insolvencia. En este marco, las empresas tienen la habilidad de negociar con los acreedores para reestructurar sus obligaciones, pero sus opciones pueden verse restringidas respecto a la aceptación o el rechazo de dichas condiciones.
Enrique Castellanos, profesor de la Facultad de Economía, afirma que durante estos procedimientos de bancarrota preventiva, las empresas están en capacidad de negociar con los acreedores y pueden plantear propuestas como: «Ahora le pago un x% y el resto en 20 años; esto mientras están en un procedimiento de bancarrota regular.»
En consecuencia, esta situación podría impactar a los 9.9 millones de miembros asociados.
Hecho
Telefónica Hispanoamérica podría no estar cumpliendo con los requerimientos de control que son estipulados por la ley. Esto es crucial para el prestamista, quien tiene el derecho de finalizar su compromiso o demanda de financiamiento directo en casos de un cambio no autorizado de control empresarial.
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