Comercial de Portas ha iniciado el juicio oral contra Susana Villarán, quien está siendo acusada de haber recibido $11 millones de Odebrecht y OAS para sus campañas tanto contra el retiro como para su reelección durante su tiempo como alcalde de Lima. En este contexto, el abogado Wilber Medina ha manifestado que la Oficina del Fiscal ha solicitado una pena de 29 años de prisión para la ex Burgomaestre por estos delitos tan graves. Este acusa plantea serias implicaciones futuras para la exalcaldesa, ya que la decisión de los fiscales marcará un precedente para otros casos que involucran corrupción en el país.
En una entrevista reciente con Trivu TV, Medina subrayó la importancia de evitar que Villarán siga el camino de otros políticos corruptos como Nadine Heredia. Heredia, quien fue figura prominente en el gobierno de Lula da Silva en Brasil, actualmente enfrenta una condena de 15 años de prisión por lavado de dinero, lo cual genera preocupación en torno a este tipo de casos. “A la luz de la mala experiencia en el caso de Nadine, que se demuestra que va a la embajada brasileña para buscar refugio, es esencial que, cuando estos juicios orales comiencen, el fiscal a cargo solicite un arresto domiciliario para asegurar que Villarán no use su capacidad de escapar”, dijo Medina.
Asimismo, el abogado añadió que «lo mejor que podría suceder para aquellos culpables de corrupción en Perú a raíz del caso Lava Jato es que Lula regrese al poder en Brasil.» Esta afirmación destaca el temor que existe en Perú de que los funcionarios públicos corruptos puedan encontrar asilo en Brasil, donde la impunidad ha sido un tema recurrente entre figuras políticas corruptas. «Creo que Brasil se convertirá en el refugio de todos los funcionarios públicos que han aceptado dinero del país carioca, porque el corrupto debe acelerar su escape», explicó Medina en su argumentación.
Es importante notar que, el lunes 23 de junio, el poder judicial estará evaluando si Susana María del Carmen Villarán de la Puente tendrá un examen de línea amarilla con o sin restricciones. Este veredicto estará en manos del juez Jorge Chávez Tamariz, quien tiene la responsabilidad de dictar esta decisión tan crucial. La audiencia está programada para las 9:30 de la mañana, donde el magistrado deberá determinar si se considera apropiado declarar que se han cerrado los mandatos con restricciones relacionadas con la exalcaldesa durante esta fase preparatoria de estudio.
Además, el magistrado también revisará si se imponen restricciones a otros ex funcionarios metropolitanos, como José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Augusto Rey Hernández y otros cuatro involucrados en este caso criminal. Este proceso es fundamental para determinar las repercusiones legales y las responsabilidades de todos los implicados en esta serie de actos de corrupción.
Cabe resaltar que, según el estudio acompañado por Susana Villarán, la exalcaldesa se enfrenta no solo a serias acusaciones, sino también a otros casos penales relacionados con presuntas contribuciones ilegales que superan los $11 millones, entregados por empresas brasileñas Odebrecht y OAS con el fin de financiar su campaña del “no” en el referéndum de 2013 y su reelección en el cuerpo militar del municipio en 2014.
