
En la provincia de PatlaLa región de La Libertad, al norte de Perú, ha surgido una alarmante denuncia en torno al secuestro de un grupo de mineros artesanales. Según lo que reporta , esta zona ha sido marcada por una notable presencia de minería ilegal, lo que ha generado una creciente preocupación en la comunidad.
Las investigaciones iniciales sugieren que los secuestradores han demandado una suma desproporcionada de S/4 millones a cambio de la liberación de los mineros. En respuesta a esta grave situación, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército han intensificado sus operaciones en Patla, una provincia que ya fue declarada en emergencia hace más de un año. Este estado de emergencia fue implementado debido a la alarmante presencia de grupos armados que están ligados a la minería ilegal, exacerbando la inestabilidad en la región.
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Mientras tanto, la cadena de televisión Pamamericana informó que los amigos de los secuestrados han señalado que estarían bajo el control de un criminal conocido por el apodo de «cuchillo», un delincuente notorio. Se cree que los mineros están siendo retenidos en una bocamina en el anexo de noticias, lo que genera aún más inquietud entre las familias de las víctimas.
Además, diversos medios han reportado que los trabajadores son parte de la compañía R&R. Esto ocurrió cuando un grupo de hombres armados, presuntamente asociados con redes criminales, irrumpió violentamente en las instalaciones de la empresa, desatando el pánico entre los presentes. La situación en Patla es un reflejo del creciente desasosiego causado por la violencia vinculada a la minería ilegal en la región.
Lucha contra la minería ilegal
El 9 de abril, durante la sesión del Consejo de Ministros, el Jefe de PCM, Gustavo Adrianzén, subrayó la importancia de la lucha contra la minería ilegal. Afirmó que las acciones impulsadas por el gobierno han permitido evitar pérdidas superiores a 2700 millones de soles, las cuales habrían favorecido a los delincuentes dedicados a esta actividad ilícita, en el lapso de 2024 y el primer trimestre de 2025.
Añadió que el año pasado se llevaron a cabo un total de 745 operaciones, exitosas en la destrucción de materiales que representaban un valor de más de 2200 millones de soles. Esto resalta el compromiso del gobierno en la erradicación de esta problemática.
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Asimismo, el funcionario destacó que entre Enero y marzo de 2025 se llevaron a cabo 238 intervenciones de interdicción, las cuales resultaron en la destrucción de activos valorados en más de 546 millones de soles. Estas operaciones fueron ejecutadas en colaboración con la Policía Nacional de Perú (PNP), la Dirección General de Capitán y Guardia Costera, el Ejército Peruano y fiscales especializados en temas ambientales, lo que muestra un esfuerzo conjunto para abordar el desafío de la minería ilegal en el país.