La reciente introducción de la Ley 32326 de Gerente ha suscitado un intenso debate público y un fuerte rechazo, especialmente por parte de la Junta del Fiscal Supremo. Esta normativa ha sido considerada como un retroceso significativo en la capacidad del Estado para actuar de manera efectiva contra delitos graves que incluyen la corrupción, el lavado de dinero, los delitos organizados y las infracciones ambientales. Delia Espinoza, El fiscal de la nación, ha sido crítica de esta medida, subrayando la necesidad de un «rechazo indispensable» a este cambio en la Ley sobre la eliminación del dominio.
Uno de los puntos más controvertidos que presenta esta nueva ley es la exigencia de un juicio final y corrupto para llevar a cabo la recuperación de activos relacionados con actividades ilícitas. Esta modificación no solo alarga los procedimientos judiciales, sino que también obstaculiza significativamente la capacidad de los fiscales para recuperar patrimonios ilegales de manera eficiente. Según la opinión de Espinoza, este cambio debilita de forma notable la lucha del Estado contra el crimen. Anteriormente, la eliminación del dominio no estaba sujeta a un plazo definido; sin embargo, ahora se estipula un límite de cinco años. Este ajuste favorece a las organizaciones criminales, ya que les da la oportunidad de legalizar sus propiedades mediante retrasos procesales.
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Además, el Público ha expresado dudas sobre la manera en que se aprobó esta ley. Las críticas apuntan a que no se tomaron en cuenta las observaciones técnicas de la agencia o de organizaciones nacionales e internacionales con especialización en esta temática. Según los fiscales, esta falta de atención a estándares internacionales puede poner a Perú en una situación desfavorable en su lucha contra el crimen organizado. Al respecto, advirtieron que «este cambio hace del país un objetivo más vulnerable para una red criminal».
Espinoza subrayó la importancia de la ley anterior como un mecanismo efectivo y veloz para la recuperación de bienes adquiridos de forma ilícita. Con los nuevos plazos establecidos, se corre el riesgo de que importantes activos que se han obtenido sin justificación legal queden fuera del alcance del Estado. Esto podría tener consecuencias graves en términos de justicia y la restauración de recursos robados al país.
En conclusión, la junta directiva del fiscal ha condenado la aprobación de la Ley 32326, indicando que se realizó sin un debate público adecuado. También se ha acusado al proceso legislativo de haber respondido a intereses políticos, en lugar de buscar realmente la justicia o la protección del Estado. La situación actual pone de relieve la necesidad de una evaluación más profunda y un enfoque que priorice la lucha contra la corrupción y otros delitos graves en el país.
