Recientemente, una serie de analistas y sindicatos, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), han manifestado su firme oposición a la propuesta del Congreso que sugiere duplicar la participación de las ganancias para los trabajadores del sector eléctrico, pasando de un 5% a un 10%. Esta propuesta ha generado un intenso debate, ya que implica cambios significativos en la distribución de las utilidades de las empresas eléctricas hacia el personal que laboran en este sector crucial.
En un comunicado enviado al Parlamento, el MEF expresó que, en su opinión, la propuesta legislativa «carece de fondos para ganarse la vida», lo que se traduce en una justificación técnica inapropiada. Este argumento se aplica a actividades que poseen naturalezas, estructuras de capital y regulaciones diversas, lo que añade un nivel de complejidad a la discusión.
El ministerio advirtió que la implementación de esta propuesta podría ocasionar un aumento en los costos operativos del sector eléctrico, sin contar con el respaldo de mejoras en la productividad, inversión y generación de empleo formal. Esto, a su vez, podría poner en peligro no solo la cobertura del servicio, sino también la calidad de vida de los ciudadanos que dependen de este servicio básico.
Además, el MEF indicó que el límite de la propuesta no solo afecta potencialmente la capacidad de crear beneficios futuros, sino que limita la posibilidad de mantener incrementos sostenibles en el empleo y los salarios a corto, mediano y largo plazo. Esto plantea un dilema sobre si verdaderamente se está buscando el bienestar de los trabajadores o si se están planteando medidas que podrían ser contraproducentes.
Por otro lado, el ministerio también reconoce que la regulación propuesta podría resultar en una reducción del número de empresas eléctricas efectivamente operativas, lo cual afectaría negativamente la compensación promedio de electricidad y podría generar desánimo en el mercado laboral dentro del sector. Esta realidad podría impactar no solo a los empleados, sino también a los usuarios que dependen de un suministro continuo y de calidad.
Por último, el MEF subrayó que este tipo de iniciativas podrían comprometer la rentabilidad esperada del sector eléctrico, afectando su capacidad para atraer inversiones en Perú. También se menciona que la viabilidad del sector se ve amenazada si las condiciones de operación no permiten un servicio óptimo para la población.
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