Se instalarán controles armados, se supervisará el oro y las inscripciones fraudulentas se cancelarán en el refuerzo para detener la minería ilegal.
Con un presupuesto que alcanzará hasta los 52.6 millones, el gobierno ha dado a conocer una serie de medidas excepcionales para combatir la minería ilegal y los delitos asociados en la provincia de Pataz, ubicada en La Libertad. Esta iniciativa no solo se centra en la detención de actividades ilegales, sino que busca crear un marco de regulación que garantice un manejo responsable y legal de los recursos naturales de la región.
La estrategia gubernamental incluye la instalación de tres posiciones de control multifacéticas. Estas posiciones estarán estratégicamente ubicadas en el acceso principal a Patla. La implementación de este plan contará con la participación de la Policía y fuerzas nacionales, quienes tendrán la responsabilidad de supervisar y garantizar el respeto a la normativa vigente en la zona. Los controles permitirán no solo la inspección de individuos, sino también la revisión exhaustiva de vehículos y maquinaria utilizados en actividades mineras.
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Las posiciones de control se han diseñado para facilitar la supervisión de oro, explosivos, maquinaria e inventario. Esto asegura un monitoreo constante de toda la cadena de producción minera informal en las áreas afectadas. Esta vigilancia constante es fundamental para detectar irregularidades y prevenir la extracción ilegal de recursos.
En adición a las medidas de control, se implementará un sistema piloto para la nominación de oro, que estará llevado a cabo por el Ministerio de Energía. Este proyecto supone un paso significativo para identificar a los vendedores legítimos de minerales, registrando sus actividades y evitando la comercialización de productos provenientes de la minería ilegal.
Por otro lado, Sunat será la encargada de supervisar la transferencia de ingestas clave y analizará comportamientos que puedan considerarse sospechosos. Paralelamente, Sutrano procederá a instalar controles remotos en vehículos de carga para tener un seguimiento más riguroso sobre el transporte de minerales y otros insumos relacionados con la minería.
El Fallo de emergencia no. 006-2025 establece claramente la necesidad de cancelar inscripciones irregulares en el Archivo minero de minería (Reinfo). Esto incluye la remoción de aquellos que operan en Pataz, Parcoy y Tayabamba. La acción del gobierno es un llamado a establecer un orden y garantizar la legalidad en las actividades mineras de la región.
“Estas acciones nos permitirán restaurar el control en las áreas que han sido tomadas por la minería ilegal y ofrecer una protección efectiva a las comunidades afectadas”, expresó el primer ministro, Gustavo Adrianzén, tras el anuncio oficial. Su compromiso resalta la urgencia de tomar medidas efectivas frente a esta amenaza que afecta no solo al medio ambiente, sino también a la seguridad y salud de los habitantes de la región.
Con este conjunto de iniciativas, el Gabinete reafirma su obligación de restaurar el orden y la legalidad, protegiendo así los recursos naturales y asegurando la seguridad nacional frente a un problema que ha ido ganando terreno en los últimos años. Este enfoque holístico es un intento de abordar una crisis compleja que ha desafiado a las autoridades y a las comunidades locales.
