El secuestro y la posterior muerte de 13 trabajadores mineros de la compañía de R&R dentro de un sumidero ubicado en Patla ha generado un impacto profundo no solo en las familias de las víctimas, sino también en la comunidad local y en el gobierno. Ante esta situación, la presidenta Dina Boluarte ha anunciado una serie de medidas sanitarias y de seguridad para combatir el crimen organizado en esta región vulnerable, específicamente en La Libertad. Una de las iniciativas más importantes es la implementación de un toque de queda en el distrito de Pataz, que será efectivo entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, durante el cual las fuerzas armadas tendrán el control total del área alrededor de la influyente compañía minera.
Durante una conferencia de prensa celebrada para abordar la crisis, la presidenta Boluarte también anunció la creación de una base militar en la región, además de la suspensión de toda actividad minera en la provincia de Pataz durante 30 días, medida que podría ser extendida. Durante este tiempo, se procederá a excluir a aquellas personas que figuran en el Registro de formalización minera integral (Reinfo) y que están bajo la condición de suspensión. Esto se considera un esfuerzo crucial para frenar la actividad minera ilegal que ha intensificado la violencia.
Además, Boluarte informó que esta semana el Ejecutivo solicitará poderes legislativos al Congreso con el fin de abordar el tema del Terrorismo urbano. Según su declaración, estas y otras medidas facilitarán que las fuerzas del orden actúen de manera más efectiva en Patla.
En un suceso desgarrador, la mañana del domingo pasado, los 13 trabajadores mineros que fueron secuestrados el 26 de abril fueron hallados sin vida en la provincia de Pataz. La Policía Nacional descubrió sus cuerpos dentro de un sumidero, en una zona que ha sido marcada por la tensión y la controversia debido a la actividad minera ilegal.
La compañía minera ha declarado que las víctimas trabajaban para un minero artesanal que operaba en la zona bajo un contrato de explotación. En este contexto, la presidenta ha instado a las compañías mineras a evitar la subcontratación de sus concesiones, ya que esto complica la supervisión de las operaciones en el lugar y a menudo provoca problemas de seguridad.
Análisis: recuento militar y base militar
Ricardo Valdés, ex ministro del interior, expresó su opinión en Comercio sobre la situación actual. Comentó que la minería informal e ilegal en La Libertad tiene antecedentes extendidos, lo que hace que el paquete de medidas anunciadas sea una solución temporal. Desde su punto de vista, el problema de la minería no se aborda de manera integral, lo que refleja la falta de decisiones firmes por parte del Ejecutivo y del Legislativo.
«La logística, por ejemplo, que permite la entrada de dinamita de contrabando, el financiamiento proveniente de rutas informales, y la explotación humana bajo condiciones de trabajo forzado, son otros aspectos críticos que generan problemas en la región», afirmó Valdés.
El ex ministro también destacó que se haría esencial conocer los detalles específicos de la minería en la provincia de Pataz, como quiénes están autorizados para operar y las condiciones en que lo hacen. «La implementación de un toque de queda es una medida insuficiente si no se aborda también el tráfico ilegal de recursos y otros problemas colaterales,» agregó.
En cuanto al nuevo enfoque legislativo sobre terrorismo urbano, Valdés considera que esta es una táctica de distracción. «Ya existen suficientes leyes para juzgar crímenes como el asesinato y la extorsión; no es necesario clasificar estos delitos como terrorismo urbano para que sean procesados,» subrayó.
El presidente Boluarte se reunió con autoridades nacionales, regionales y locales. (Foto: Presidencia)
«Independientemente de cómo se clasifique, para juzgar crímenes como el asesinato y la extorsión no hace falta categorizarlo como terrorismo urbano. Ya existen las leyes necesarias para ello, y el hecho de llamarlo de una manera diferente no hace que el problema desaparezca,» dice Valdés enfatizando la simplicidad del marco jurídico existente.
Desde otra perspectiva, Nicolás Zevallos, fundador y director del Instituto de Criminología, argumentó que el conjunto de medidas adoptadas es, más bien, un «paliativo». Se centra en que el problema fundamental a resolver con respecto a la minería ilegal en Pataz es la trazabilidad del oro y hacia dónde se envía para su procesamiento. Expresó su preocupación de que no se estén considerando soluciones a largo plazo para este problema.
También subrayó la necesidad de mejorar la inteligencia policial y militar en la región, mencionando que esto requeriría una colaboración estrecha con el Ministerio Público. «La cantidad de camiones que transportan minerales es enorme; todo termina en las plantas de procesamiento y eso debe ser controlado,» dijo Zevallos.
Mientras tanto, Noam López, experto en políticas públicas de PUCP, aseveró que las reacciones ante este acto violento no están considerando estrategias más amplias que son necesarias. Mencionó que existen regiones críticas en el país donde la violencia y el crimen están creciendo sin control.
«Pataz está a una distancia considerable de Trujillo, y los servicios básicos son muy deficientes. La población vive en condiciones críticas. En ausencia de una presencia estatal efectiva, cualquier forma de violencia puede aprovecharse y expandirse sin obstáculos,» puntualizó López.
López resaltó que la intervención militar en el área es necesaria, pero más allá de la vigilancia, se requiere un enfoque en el trabajo de inteligencia. Esto será crucial para que la policía implemente acciones efectivas. «Es esencial fortalecer la capacidad de inteligencia policial para atacar las causas de estos problemas y no solo desmantelar bandas,» concluyó.
Análisis: minería de suspensión y actividad de Reinfo
La decisión de suspender toda actividad minera en Pataz ha generado una opinión polarizada. Ricardo Valdés advirtió que esto puede afectar negativamente el sector formal, sugiriendo que los mineros ilegales probablemente continuarán operando sin restricciones. «La suspensión no impactará a aquellos que ya están operando fuera de los límites de la ley; en cambio, solo perjudicará a aquellos negocios que sí siguen regulaciones,» sostuvo.
En relación a la exclusión de aquellos que están bajo condición de suspensión en el Reinfo, Valdés lo calificó de ser un «paliativo», subrayando que muchos de estos individuos no han cumplido con los requisitos necesarios para obtener registros activos. «Seguirán trabajando sin el debido permiso. La presión sobre ellos es mínima, ya que operan bajo la protección de grupos criminales que les ofrecen seguridad a cambio de una parte de sus ganancias,» explicó.
Zevallos también se mostró crítico con respecto a la exclusión de los suspendidos, considerándolo un buen comienzo, pero que era necesaria una reforma más profunda. Concluyó que el registro actual de Reinfo no ha cumplido sus objetivos y se ha convertido en una «patente corsicana» que muchos mineros ilegales utilizan como fachada.
¿La suspensión llega a lo formal?
A su vez, Pablo de la Flor, representante de la poderosa compañía minera, declaró en Comercio que la compañía está a la espera de confirmación sobre el alcance real de la reciente suspensión de actividades mineras en Pataz. Expresó que si esta medida impacta al sector formal, podría resultar muy adversa y generar perdidas económicas sustanciales.
«Suspender a las operaciones formales sería contraproducente, algo que los ilegales han buscado durante años. Esto significaría enormes pérdidas para las empresas que cumplen con la ley, y eso también reduciría la recaudación fiscal,» enfatizó.
En cuanto a otras medidas anunciadas, las catalogó como «muy adecuadas,» especialmente en lo que respecta a la asignación de liderazgo a las fuerzas armadas en la zona de emergencia y la exclusión de aquellos que están bajo suspensión en el Reinfo. «Espero que haya una acción coordinada más efectiva entre el Ministerio Público y las fuerzas del orden,» añadió.
Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), solicitó aclaraciones sobre si la medida de suspensión de la actividad minera en Pataz incluye a compañías que operan legalmente, como la poderosa compañía minera. «Suspender operaciones que cumplen con todas las regulaciones sería contraproducente. Los que cumplen la ley no deben ser penalizados; las acciones deben dirigirse hacia quienes violan la ley o están vinculados a la delincuencia,» sostuvo.
Por último, expresó su apoyo a las demás medidas adoptadas por el gobierno, aunque insistió en que se necesita un paso más firme: la eliminación definitiva del Reinfo y el fortalecimiento de la legislación en formalización de la minería a pequeña escala (Ley MAPE).
Ministro del Interior en el Congreso
El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, compareció el lunes ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República para abordar una serie de preguntas sobre el asesinato de los 13 trabajadores mineros en Pataz y las medidas preventivas que propone el Ministerio del Interior para mitigar el riesgo de nuevos actos de violencia en la región.
Durante su intervención, Díaz Zulueta fue interrogado sobre la inclusión de compañías formales en la suspensión de actividades mineras en Pataz. Él respondió que cree que sí, como se anunció por parte del presidente, aunque no estaba completamente seguro de la precisión de esta información.
El enjuiciamiento realiza procedimientos
El Ministerio Público informó que, a través de la Oficina Mixta del Fiscal Corporativo de Pataz, se están tomando medidas en el marco de la investigación contra los responsables del delito de secuestro agravado, que resultó en la muerte de los 13 trabajadores de la compañía R&R, contratista de la poderosa compañía minera en La Libertad.
El fiscal provincial, Enrique Valverde Cabrera, informó que después de la llegada de los cuerpos a la morgue de Trujillo, se están llevando a cabo identificaciones forenses y necropsias. Asimismo, se ordenó la incautación de municiones percutadas y artefactos explosivos que se encontraron en acceso a una zona conocida como Rampa Yuli, donde la Policía Nacional está realizando investigaciones balísticas.
Por otro lado, a través de una conferencia, el Ministerio Público dio a conocer que ya se han identificado 5 de los 13 cuerpos de los mineros asesinados en Pataz, mientras que los otros permanecen sin identificar debido a su avanzado estado de descomposición, ya que se ha determinado que estos cuerpos tienen aproximadamente 7 días sin vida.
Los familiares critican al gobierno
El 30 de abril, durante una conferencia del Consejo de Ministros, el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, informó que hasta ese momento no había habido queja oficial sobre el secuestro de los 13 trabajadores mineros en Pataz, sugiriendo que la información no era «sincera».
Sin embargo, Enrique Carbonel, padre de uno de los trabajadores asesinados, declaró que ya había habido un reclamo sobre el secuestro un día antes de la conferencia del Primer Ministro. Asimismo, aseguró que el gobierno no ha sido completamente sincero en su manejo de la situación y exigió que se aceleren las investigaciones para dar con los responsables.
«El señor Adrianzén afirma que no sabía de la queja y eso es una gran mentira. Todo el país sabe que la queja se presentó el martes. Estoy completamente indignado con esta actitud,» declaró. También lamentó la falta de control policial en la zona, a pesar del estado de emergencia que se había declarado en Pataz.
