Norma protege a los consumidores de contactos publicitarios no deseados, con serias multas para delincuentes y 90 días para las regulaciones.
La sesión parlamentaria se aprobó con 101 votos a favor de la ley histórica que prohíbe estrictamente las llamadas y los mensajes de spam sin haber recibido aprobación directa del consumidor. Esta medida se ha tomado en respuesta a un creciente clamor social para proteger la privacidad y la tranquilidad de los ciudadanos ante la invasión de publicidad no solicitada.
Este cambio en el Código de protección del consumidor beneficiará a millones de peruanos, que se ven afectados por hasta 18 contactos de anuncios indeseables cada mes. La frecuencia y el volumen de estos mensajes no deseados habían estado generando un profundo descontento entre la población, lo que llevó a que esta ley fuese una necesidad urgente.
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La nueva legislación, adoptada tras amplias consultas y después de considerar las observaciones de la comisión, cubre llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y toda comunicación comercial considerada indeseada. Este marco legal busca proporcionar una barrera contra la invasión publicitaria, estableciendo que solo se permitirán estos contactos cuando el usuario haya otorgado un permiso claro o haya solicitado un servicio específico. Esto garantiza una relación más transparente entre empresas y consumidores.
Idelso García Correa, presidente del Comité de Consumidor, hizo hincapié en que Perú ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a llamadas de spam, lo que resalta la urgencia de esta regulación. La implementación de esta normativa representa un paso significativo para frenar esta tendencia invasiva y proteger a los consumidores peruanos de las estrategias de marketing agresivas que han proliferado en el país.
El estándar establece importantes sanciones económicas para empresas que no cumplan con las normativas y que abusen de las estrategias comerciales invasivas. Sin embargo, también garantiza el derecho de las empresas legítimas a comunicarse con los consumidores, siempre que operen dentro del marco legal establecido. Esto proporciona un equilibrio entre la protección del consumidor y la viabilidad de la actividad comercial.
La subvención ejecutiva tendrá 90 días para controlar la aplicación de esta Ley. Este periodo de gracia no requiere ningún otro voto, ya que se trata de la aprobación de un reclamo ampliamente respaldado. Durante estos 90 días, se espera que las autoridades establezcan los mecanismos necesarios para que la nueva normativa se implemente de manera efectiva.
Las autoridades suponen que esta medida podría reducir en un 70% la incomodidad que los consumidores enfrentan actualmente al recibir comunicaciones indeseadas. Este pronóstico optimista refleja la necesidad de un cambio real en la manera en que las empresas se comunican con los consumidores, y marca un avance significativo en la protección de la privacidad en el ámbito publicitario.
