El ministro anunció la directiva suprema que transfiere las manos privadas para controlar el acceso de la prisión.
En los próximos días, la Comisión se prepara para aprobar la Directiva Suprema propuesta por el Ministro de Justicia, Eduardo Arana. Esta directiva tiene como objetivo introducir la posibilidad de privatizar el control y la verificación de las rutas de acceso y salida en las cárceles más peligrosas del país. Con esta medida, se busca aumentar la seguridad y la eficacia en la gestión de las prisiones, algo que ha sido un tema de debate y preocupación durante años.
El Ministro Arana explicó que como parte de esta nueva directiva, se llevará a cabo una subasta pública donde se buscará que una empresa privada opere un escáner de X -Rys y Equipo de escaneo corporal. Estas tecnologías avanzadas permitirían una inspección más rigurosa de las personas y bienes que ingresan y salen de las instituciones penitenciarias, minimizando así el riesgo de que se introduzcan elementos prohibidos o peligrosos en el interior.
Leer también
Meta presenta un programa exclusivo con AI
Además, el ministro del interior reveló que hoy se firmarán regulaciones bajo el Decreto legislativo 1688. Esta normativa es fundamental, ya que busca castigar a los operadores que permitan interacciones ilegales entre delincuentes y jóvenes dentro del sistema penitenciario, algo que ha sido muy problemático. La implementación de esta ley se está realizando en cooperación con el Ministerio del Interior, MTC, y con empresas de telecomunicaciones para garantizar que no haya comunicación ilegal desde el interior de las cárceles.
Como parte de esta estrategia, el ministro Arana subrayó que las cárceles no tendrán señales externas que puedan ser utilizadas por los prisioneros para comunicarse. «Los operadores no pueden facilitar ninguna relación dentro de las instalaciones», afirmó. Con esto, se busca eliminar cualquier posibilidad de que los delincuentes se coordinen o planifiquen actividades ilegales desde el interior de la prisión.
El Ministro Arana también enfatizó que con esta nueva directiva, la responsabilidad de la seguridad en las prisiones recaerá completamente sobre la administración. Asimismo, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca revisar y modificar los criterios penales actuales, con la finalidad de modernizar el sistema.
Además, se está trabajando para facilitar la gestión y el manejo de la información sobre los teléfonos móviles incautados que pertenecen a la Policía Nacional. Esto es un paso crucial para asegurar que se tenga un control efectivo sobre los dispositivos que puedan usarse para actividades delictivas.
Eliminando antiguos obstáculos, el ministro destacó que su enfoque está orientado hacia una penalización más moderna en centros como Ancón y Challapalca, utilizando inteligencia artificial para optimizar operaciones. Por otro lado, se ha ampliado el número de bloques telefónicos de 17 a 26 en las instalaciones y se planea llegar a 33.
Finalmente, Arana también mencionó que se ha establecido una relación favorable con instituciones financieras como el IDB y CAF para obtener préstamos destinados a la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias. Esta inversión es parte de un plan más amplio que incluye proyectos de infraestructura bajo un modelo de financiamiento basado en impuestos, con el objetivo de fortalecer y modernizar el sistema penitenciario del país.
